REPORTE FRONTERA

Seth Rojas Molina

En los últimos días hemos presenciado una expresión del poder de la comunidad que se mueve en las redes sociales que, al igual que diversas organizaciones nacionales e internacionales, han encarado la pretensión de imponer en México abusivos controles al acceso y uso de internet.

Aunque aún existe el riesgo de que el gobierno, con el concurso de legisladores de otros partidos, finalmente logre su propósito, el rechazo a la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, debido a que contiene disposiciones que atentan contra diversas libertades, volvió a mostrar que una parte de la población mexicana es capaz de enfrentar abiertamente, en consecuencia sin miedo, a quienes creen que aún pueden imponerse mediante los excesos en el ejercicio de la autoridad.

Sin embargo esta amenaza no se ha disipado.

La intervención de legisladores de otros partidos políticos para, supuestamente, modificar la iniciativa original del ejecutivo federal no garantiza que prevalezcan los intereses de la comunidad .

Hasta ahora no puede asegurarse que el intento por controlar el uso de internet a conveniencia del gobierno y en detrimento de derechos fundamentales como la libertad de expresión, no vaya a prosperar.

La postura asumida por el coordinador de la bancada del PRI en el senado, Emilio Gamboa Patrón, en el sentido de que se harán cambios para que “no se desvirtúe el debate y se pretenda decir que se quiere censurar o restringir el acceso a internet, lo cual es falso”, no puede dejar de observarse como una obvia reacción a las descalificaciones domésticas e internacionales contra esa iniciativa.

El documento elaborado por el senador panista Javier Lozano, que mantiene algunos de los mecanismos de control sobre internet y que se pretendió poner a discusión en las comisiones camerales como un pre dictamen, pareció una estrategia gubernamental alterna para sacar adelante el proyecto.



Eso resulta inquietante porque hay muchas pruebas de como los intereses particulares se imponen en las negociaciones y en las votaciones en las cámaras del congreso.

Como en cualquier elección federal o local en nuestro país, que se caracterizan por la abundancia de parabienes en boca de quienes buscan un puesto de elección popular, la que está en curso en Tamaulipas, en la que se elegirán ayuntamientos y diputados locales, nos están presentando el porvenir de los municipios y del estado en general como un futuro pletórico de bondades, en el que por consecuencia desaparecerán los grandes males que aquejan a los tamaulipecos.

Quienes son candidatos de los partidos que buscan arrebatarle posiciones al PRI, tanto municipios como curules del congreso, se esfuerzan por engrandecer los defectos de sus adversarios para pasar inmediatamente a exaltar lo que aseguran son sus grandes virtudes y capacidades, tan necesarias, dicen, para que las cosas sean mejores.

Los candidatos del tricolor igualmente utilizan la exageración como recurso de campaña, aunque ellos para magnificar las cualidades que les ven a los gobiernos local y los municipales encabezados por sus correligionarios.

Sobre la base de describirlos como eficaces, íntegros, responsables y comprometidos, lo menos que ofrecen es la continuidad.

Son campañas de extremos.

Es proselitismo exultante si proviene de quienes tratar de conservar posiciones.

Sus oponentes buscan neutralizarlos con la execración.


No hay matices, no existen en este momento puntos medios. En sus afanes por lograr su propósito ni cuenta se dan, aunque si lo hicieran no les importaría, que con sus posturas le faltan al respeto a la inteligencia de la gente.

lunes, 27 de mayo de 2013
La sentencia de la Sala Monterrey del Trife que resolvió revocar la sentencia del Tribunal Electoral de Tamaulipas y declaró firmes y definitivos los resultados de la elección interna del PAN en los que Jesús María Moreno Ibarra resultó ganador de la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa, significaron una tunda legal para el tribunal tamaulipeco y para la dirigencia nacional del partido.

Al órgano juzgador local le machacaron la negligencia con la que actuó al declarar improcedente el juicio promovido por el ahora candidato panista a la alcaldía de Reynosa, ya que el tribunal federal le recriminó que al haber incumplido con su obligación legal de actuar exhaustivamente terminó violando los derechos político electorales de Moreno Ibarra.

Por lo que se refiere al CEN del PAN, la sentencia muestra nuevamente que los órganos de dirección nacional de ese partido generalmente actúan arbitrariamente, a la brava, y en consecuencia sin cubrir las formas e ignorando los más elementales principios legales que deben regir todas sus decisiones.

El partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, terminó convertido en una extensión de los intereses de Alfonso de León Perales, quien se ostenta como representante de esta organización en Tamaulipas.
Con motivo del registro de candidaturas a la elección de diputados locales y la de Ayuntamiento en Reynosa, el ex candidato a gobernador por el Partido Convergencia, antecedente del MC, se despachó generosamente al acomodar como candidatos a varios de sus familiares.
Este político que se caracteriza por sus agrias críticas al sistema político tamaulipeco, que descalifica por cualquier motivo a los órganos electorales y pregona las virtudes de su actividad política, en los hechos actúa como cualquiera de aquellos a los que con tanta facilidad condena.
Su paso por casi todos los partidos políticos, como militante en el PRI y como candidato por el PAN, PRD, PT y Convergencia, evidencia por donde están sus verdaderas inquietudes.
Ahora con una presencia influyente en Movimiento Ciudadano, logró postularse como candidato propietario a diputado de Mayoría por el Distrito 07 Reynosa Norte así como acomodarse en el primer lugar en la lista de candidatos a diputado por el principio de representación proporcional.
En ambos casos el candidato suplente es su hermano Rafael, lo que no deja duda de que le gana el cariño fraternal.

De León Perales, además consiguió que su cuñada Zaida Melissa Avalos Montalvo fuera registrada como candidata suplente de Ana Gloria Salazar Hernández, que ocupa la tercera posición en la lista de candidatos a diputados plurinominales.
En la posición once de esa misma lista, que debe integrarse con catorce fórmulas que deben presentar los partidos políticos en la elección de diputados al Congreso tamaulipeco, aparece Juan de León Perales como candidato suplente.
Por si fuera poco, el ex candidato a gobernador también encontró acomodo para sus familiares en la planilla de candidatos del Movimiento Ciudadano para la elección de Ayuntamiento de Reynosa.


Su hermano Rolando es candidato a primer síndico en tanto que su esposa, María Magdalena Avalos Montalvo, y su cuñado, Héctor Avalos Montalvo, aparecen como candidatos propietaria y suplente a la Primera y Décimo tercera regidurías respectivamente.
Otras dos personas que aparentemente también son sus familiares fueron registradas como candidatas a diputadas locales.

Escuchar la conversación que le grabaron al ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, resulta interesante no solo porque muestra su nivel de cultura sino porque revela ciertos rasgos que son muy comunes entre la clase política mexicana, aunque también caracterizan a la sociedad mexicana tan marcada por el clasismo económico y el materialismo.

La plática se concentra en el amplísimo y costoso vestuario que Granier presume a sus interlocutores.

Con un orgullo tan grande como sus evidentes carencias personales, cuenta sobre su amplio guardarropa formado por 300 trajes, 400 pares de zapatos y más de mil camisas, todo de marca.

El ex gobernador tabasqueño se muestra como una persona muy preocupada por los bienes materiales.

Se nota que considera que lo que tiene es de suma importancia para demostrar lo que debe parecer que es.

La frivolidad de la conversación sería risible sino evidenciara el apego a sus posesiones, a las que especialmente aquellas que asegura haber adquirido en las mejores tiendas de Estados Unidos, describe con presuntuosidad para admirar a sus interlocutores.

Estas características de la personalidad de Granier Melo explican los latrocinios que se le imputan ya que su notorio apego a las posesiones materiales lo condujeron inevitablemente a los actos de corrupción que dejaron las finanzas del estado completamente quebradas.

Mucho de lo que ocurre en México tiene que ver con la codicia que domina a muchos de los que llegan al servicio público.

A muchos priistas de Reynosa les cayó como pata de mula que por razones de la coalición que hizo su dirigencia estatal con el Partido Nueva Alianza, el candidato propietario a diputado local por el Quinto Distrito, uno de los tres que tienen a este municipio como cabecera, es un militante del partido creado por Elba Esther Gordillo.

La postulación de Rogelio Ortiz Mar, representante sindical del SNTE en esta frontera, como candidato por ese distrito ofendió a muchos priistas no porque este personaje sea un personaje que ejemplifica sobradamente los vicios que prevalecen en el sindicalismo magisterial, sino porque aseguran que esa circunscripción electoral la ganan casi en automático.

No les incomoda que Ortiz Mar sea un hombre que en virtud de que, desde hace cuando menos tres años, goza de una comisión sindical vive del presupuesto sin cumplir sus obligaciones laborales como empleado del sector educativo.

Tampoco les molesta que tenga una categoría laboral que por los antecedentes públicos que hay sobre él, legalmente no le corresponde.

A ellos les enfada que lo hayan mandado de candidato a un distrito que están convencidos no tiene mucha competencia electoral, no como en los otros que comprende el municipio donde los candidatos priistas no tendrán una campaña sencilla.

Les irrita pensar que Ortiz Mar casi tiene asegurada una curul en la próxima legislatura.

Aunque seguramente desconocen que con 15 años de antigüedad como empleado del sector educativo, en 2008 su expediente de carrera magisterial reportó que tenía 10 años en servicio, es materialmente imposible que haya sido maestro, prefecto, sub director, jefe de enseñanza y finalmente inspector general de secundaria.

Quizá no sepan que de acuerdo con los criterios del sistema de escalafón para los trabajadores de la secretaria de educación se requieren muchos más años de antigüedad para llegar a la plaza de inspector que Ortiz Mar actualmente tiene asignada.

La disputa por la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Reynosa se ha convertido en una muestra más de que entre los panistas los únicos triunfos que se reconocen son los propios, que sus pleitos son irreconciliables y que con facilidad caen en lo vulgar como se ha visto en las descalificaciones expuestas en las redes sociales.

Este proceso también evidencia que los abogados de Jesús María Moreno Ibarra no dan una en las acciones judiciales emprendidas por recuperar la candidatura para su cliente y de manera indirecta provocaron que se revelaran rasgos de intolerancia en José Ramón Gómez Leal, quien ya fue registrado como candidato a la alcaldía de este municipio.

Moreno Ibarra ha promovido dos juicios, uno ante los tribunales federales y otro en el tribunal electoral de Tamaulipas, que fueron desechados por improcedentes debido a que sus abogados han interpretado mal el principio de definitividad, uno de los requisitos indispensables para la tramitación de un recurso de semejante.

El primero lo presentó ante la Sala Regional del Trife y aunque a la fecha en que se dictó sentencia el asunto prácticamente había quedado sin materia, fue declarado improcedente porque no había agotado la instancia local electoral de Tamaulipas.

El segundo fue promovido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Tamaulipas y también fue desechado por improcedente porque, según obra en la sentencia, la denominada cadena impugnativa dentro del PAN aun no concluía, por lo que los actos reclamados por Moreno Ibarra (la modificación del cómputo en el que había ganado el proceso interno y la entrega de la candidatura a Gómez Leal) no habían adquirido el carácter de definitivos ni firmes.

Esta semana Moreno Ibarra anunció que presentó un nuevo recurso ante la Sala Regional del Trife, que, aún sin conocer los términos en que fue elaborada, por los antecedentes de cómo sus abogados le han manejado su asunto existe la posibilidad de que ese órgano jurisdiccional con sede en Monterrey se lo declare improcedente por incumplir con los requisitos antes señalados.

Por otra parte, estos juicios, que obviamente lo han involucrado como tercero interesado, ya tuvieron un efecto en el estado de ánimo de José Ramón Gómez Leal, a quien le favoreció el recuento y modificación de los resultados de la elección interna del 17 de marzo.

El día en que rindió protesta estatutaria como candidato del PAN a la presidencia municipal de Reynosa para luego ser registrado como tal ante el Consejo Municipal Electoral, Gómez Leal perdió completamente el semblante afable que se esfuerza en proyectar.

En la rueda de prensa que ofreció el dirigente estatal del partido la atención de los reporteros se concentró en las acciones legales emprendidas por su adversario para buscar que le retiren la candidatura.

Ante la insistencia sobre el tema, no pudo ocultar su molestia, que llegó a tal grado que también hizo algunos ademanes que denotaban su alterado estado de ánimo.

Al término de la conferencia, en privado incluso llegó al reclamo personal.

Todo eso evidencia una clara falta de tolerancia. Esta conducta es sintomática porque contrasta radicalmente con la imagen pública que ha tratado de construir, especialmente porque en estos tiempos la venta de virtudes es lo que distingue la promoción política.

La captura de Elba Esther Gordillo fue interpretada por mucha gente como una acometida que politizó la aplicación de la justicia para deshacerse de quien además de un motivo de incomodidad para el gobierno era ya un enemigo que abiertamente se mostró dispuesto a la pelea frontal.
Tras la detención de la ahora ex dirigente del SNTE, inmediatamente vino el reclamo de acciones semejantes en contra del dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, que al igual que Gordillo Morales ha mostrado con toda desvergüenza, con insultante descaro, la cuantiosa fortuna que ha obtenido al amparo del poder.
Si no son sólo palabras, este fin de semana el Presidente Enrique Peña Nieto se ha puesto en el camino de demostrar que las acusaciones penales en contra de Gordillo van más allá de la venganza política.
Durante su participación en la XXI Asamblea Nacional del PRI, el presidente afirmó que su responsabilidad “es lograr que México despliegue todo su potencial”.

Enseguida aseguró que para él no hay intereses intocables.
Aunque no lo contextualizó de manera específica, es claro que el mensaje hace alusión a Elba Esther Gordillo, quien se había convertido en un estorbo para la reforma educativa, cuya importancia para Peña Nieto se entiende porque buscó y logró que fuera elevada a rango constitucional.
Sin embargo como la detención de la ex dirigente magisterial se ha justificado con la persecución de la probable comisión de los delitos que se le imputan derivados del saqueo de las arcas del sindicato, entonces esa parte del discurso del presidente no puede agotarse como referencia exclusiva al caso Gordillo.
Aunque el dirigente del sindicato petrolero mantiene un bajo perfil en su relación con el actual gobierno, la ostentación que él y su familia hacen del exceso de sus bienes materiales también debería ser motivo suficiente para que sea sometido a una investigación.


Es incuestionable que una de las fuentes de su fortuna proviene del dinero del sindicato, pero también que la explicación de su riqueza está en los múltiples negocios que ha hecho para apoderarse de recursos de Petróleos Mexicanos.
Entonces, no hay pretexto que valga para no meterlo a la cárcel.

A lo largo de su dilatado cacicazgo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales se apoderó a manos llenas de los beneficios del siempre creciente poder económico y político que le entregaron los hombres de poder.

Desde su llegada a la dirigencia nacional del sindicato, la tabasqueña fue construyendo un emporio basado en el saqueo del presupuesto para la educación.

A la par adquirió una nociva influencia que alcanzó niveles de escándalo en los doce años de los gobiernos del PAN.
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Llegó hasta donde estaba gracias a quienes le permitieron todos sus excesos.

Es larga la lista de quienes al ceder a sus presiones y toleraron sus desmanes terminaron por ser sus cómplices y fueron copartícipes del criminal empobrecimiento del servicio educativo.

Por mucho esta mujer representa lo peor de los vicios del sistema político mexicano.

La llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República está demostrando que la subordinación forma parte de la naturaleza política de los priistas.

Que como en los viejos tiempos su disposición a sujetarse al mando puede incluso llevarlos a ridículas contradicciones.

Como víspera de lo que seguramente vendrá muy pronto, en los trabajos previos a la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del PRI se aprobó la eliminación de la parte del Programa de Acción que señala que ese partido “defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”.

Esa mutilación de los documentos básicos del PRI se convierte en una ominosa señal.



La mansedumbre mostrada por quienes integraron las mesas de trabajo, cuyas propuestas serán presentadas a votación en la asamblea nacional del partido, allana el camino para que el gobierno federal pueda promover una iniciativa para gravar alimentos y medicinas.

La eliminación de esa parte de lo que el Programa de Acción define como “Soberanía Alimentaria” se convierte en una amenaza para la población, especialmente para quienes apenas sobreviven en una economía basada en la injusticia social.



Con mansedumbre los priistas renuncian a ese postulado que defendieron rabiosamente durante los dos sexenios panistas.

Abandonan la postura que les resultaba políticamente conveniente porque ahora la verticalidad de su sistema de disciplina así se los reclama.

La interpretación que puede darse a esta postura es irrelevante frente a las implicaciones sociales que tiene.

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