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A causa del uno y a pesar del otro, las y los migrantes mexicanos, muchos escandalosamente dejados en un estatus sin papeles, aportan grandemente a la economía mexicana, aun cuando está poco reconocido en la política nacional.
Por eso es importante que en el Senado de la República se presentó la semana pasada un proyecto de ley general de "protección y desarrollo del emigrante y su familia", que incluye establecer una Secretaría de la Migración y otros instrumentos del desarrollo con el derecho a migrar y contra la migración forzada a futuro.
El "desarrollo trasnacional" en México plantea la participación activamente de migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos de América (EUA).
Vale señalar que en México y en sus vecinos del norte, se ha creado un mercado laboral semiintegrado, a pesar de la protesta de los políticos que establecieron los tratados comerciales-financieros del siglo pasado.
Ahora les corresponde a los gobiernos de la región adecuar los acuerdos internacionales con la realidad de la migración. El sistema es tan informal como imperfecto.
Los migrantes aportan a sus familias, comunidades y países de origen con remesas mayores a US$20 mil millones; los empleadores estadounidenses hallan trabajadores "cómodos": son efectivos, con poca posibilidad de organizarse, y los patrones gozan de la informalidad de esta economía de muchas maneras.
Esto sin duda es una forma de subsidio al bajar los costos de producción, aprovechar los términos del libre comercio y exportar bienes al sur -algunos de los mismos productos agrícolas que se producía con abundancia anteriormente en el país de origen de los migrantes.
Es urgente corregir las políticas públicas que causaron este "autogol" por parte de los campesinos. El objetivo final para crear una región integrada y justa es lograr el libre tránsito de trabajadores, igualándolo a los de la mercancía y las finanzas, pero todos sabemos que éste es un proceso que enfrenta múltiples obstáculos.
Éstos incluyen la actual crisis de desempleo en EUA, la desigualdad salarial y las pocas opciones de desarrollo especialmente en el sector rural mexicano.
El objetivo estratégico inmediato es crear empleos en los lugares de mayor expulsión migratoria. Llamémoslos a éstos potenciales "autonomías de desarrollo", entendiendo que la visión comunitaria y patriótica de los migrantes es local en primer lugar.
Una autonomía en desarrollo pretende ser un motor de actividad económica y social. En México hay una tradición cultural de desarrollo sustentable, en particular en el sector rural, que pretende conducir a un progreso local consecuente con la nueva economía globalizada.
En esta visión del desarrollo emergente, sin miedo de replantear y modernizar los acuerdos políticos internacionales, los migrantes (tanto las personas en EUA como las retornadas) contarían con un apoyo integral que permita destinar una mayor parte de las remesas a la inversión productiva y generadora de empleos locales.
No puede ser solamente un planteamiento socioeconómico; incluye la reincorporación de los migrantes a la vida cívica y política en México.
Además se requiere el reconocimiento de corresponsabilidad en el desarrollo tanto de México como Centroamérica por parte del país receptor de migrantes.
Es del interés de EUA reducir los factores de empuje de la emigración. A final de cuentas, esto hablaría de un compromiso mutuo e integrado.
En las arcas mexicanas se acumulan divisas que en una parte muy significativa vienen del sudor de sus migrantes, y que logran mantener el valor de sus monedas contra el dólar.
Mediante una reorientación de la estrategia de desarrollo, se revisará la política fiscal, monetaria y comercial transversalmente con el fin de dinamizar mercados locales laborales.
Se gastará recursos públicos para privilegiar el empleo productivo de las remesas, con incentivos mayores para los pequeños contribuyentes de divisas, que mantienen más directamente sus vínculos de origen.
Actualmente México ya ejecuta pequeños programas que palanquean las remesas para el desarrollo ("3x1 para Migrantes" y un Fondo para Migrantes).
Como una revisión transversal de políticas públicas de desarrollo, se debe redoblar esta acción dirigida a infraestructura comunitaria, ampliando el fomento de la producción, apremiar la importación de bienes de capital y apoyar la exploración de los mercados de nicho latino en EUA.
Así los pequeños productores comenzarían a aprovechar la susodicha liberalización comercial de la región. Una política de desarrollo trasnacional hará lo necesario para que haya servicios bancarios en el sector rural, como primer paso para la inversión.
La política agrícola y ambiental se reorientará hacia la soberanía alimentaria. Es momento de gravar el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales (la "tasa Tobin"), con una exclusión expresa para las remesas de pequeños contribuyentes como estímulo al sector para su propio desarrollo según sus criterios y creatividad.
México avanza lentamente en acordar los derechos políticos a los migrantes en el exterior, con voto y oportunidad de ser votado, tanto a nivel nacional como local.
Para que esto sea efectivo y justo, irá de la mano con el empoderamiento económico y social de estos ciudadanos ciudadanas en el exterior y de reinserción reciente.
Analista sociopolítico
burstein@vocesmesoamericanas.org
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