Rosario Green
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Tal es el caso de los esfuerzos en los que México ha participado activamente para prohibir el uso, producción, adquisición, acopio, retención y transferencia de municiones en racimo.
Se trata de un asunto relevante por el elevado número de víctimas que este tipo de municiones ha cobrado durante largo tiempo, pues cada una contiene una gran cantidad de submuniciones que estallan al entrar en contacto con ellas, incluso años después de haber sido lanzadas sobre un determinado territorio.
Para colmo, suelen ser de colores llamativos y atraer la atención de los niños. Nuestro país no ha sido parte, afortunadamente, de un conflicto en el que se haya usado este armamento; por lo tanto, las discusiones internacionales al respecto pueden parecernos ajenas.
Sin embargo, ésta es una percepción errada, pues el prestigio internacional de México se ha construido históricamente con la defensa de las mejores causas, independientemente de su incidencia sobre nuestro país.
Recientemente, la diplomacia mexicana hizo una importante contribución respecto a las municiones en racimo. Para entenderlo mejor, conviene hacer una breve referencia histórica.
En 1980 se adoptó, en Ginebra, la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), a la que México se vinculó en 1982. Desde el principio el gobierno mexicano se contó entre los promotores del establecimiento de un mecanismo de revisión periódica de la Convención, persuadido de la necesidad de mantener la búsqueda permanente de medidas destinadas a la prohibición o restricción del uso de armas convencionales por razones humanitarias.
El resultado de esa promoción fue la determinación de celebrar Conferencias de Examen del citado instrumento, que han tenido lugar cada cinco años a partir de 1996.
En el marco de la CCAC, 46 gobiernos, entre ellos el de México, se reunieron en febrero de 2007 en Oslo, para respaldar la convocatoria realizada por el primer ministro de Noruega para generar un nuevo instrumento internacional cuyo propósito sería eliminar las municiones en racimo, proveer recursos adecuados para asistir a sobrevivientes de estos dañinos artefactos y realizar la limpieza de las áreas contaminadas.
De esa reunión surgió el Grupo Núcleo, integrado por México y representaciones de otros cinco Estados, con la responsabilidad de negociar dicho instrumento.
La Convención de Municiones en Racimo (CCM, por sus siglas en inglés), que constituye la norma jurídica sobre la prohibición de este tipo de armas, estuvo lista en 2008 y entró en vigor dos años después; en la actualidad tiene 111 signatarios y 56 Estados parte.
Ante el rápido avance logrado en el tratamiento del tema, en agosto de 2011 se circuló una propuesta de protocolo, impulsada por Estados Unidos, con el respaldo de Rusia, China, India e Israel, entre otros productores de municiones en racimo, cuyo propósito esencial era permitir el uso de las producidas antes de 1980 por un periodo de 12 años a partir de la entrada en vigor del propio protocolo.
Cuesta trabajo comprender las motivaciones de esta iniciativa, como no sea la voluntad de liberar mercados para colocar sus inventarios. Tal propuesta provocó la reacción de los impulsores más decididos de la CCM, a la que se sumaron las opiniones de organizaciones como Human Rights Watch, por considerar que la adopción del protocolo propuesto establecería un precedente desafortunado en el derecho humanitario internacional.
México coincidió con el Comité Internacional de la Cruz Roja en el sentido de que la adopción de este protocolo constituiría, en palabras de nuestro representante ante los organismos internacionales en Ginebra, “un serio retroceso al establecer un nivel protección de civiles inferior al contemplado en un instrumento que ya entró en vigor”, es decir, la Convención de Municiones en Racimo adoptada en 2010.
El asunto se abordó en la Cuarta Conferencia de Examen de la CCAC, efectuada entre el 14 y el 25 de noviembre de 2011, produciéndose un extenso debate.
De acuerdo con información de los observadores, en el último día de la reunión, “una poderosa alianza integrada por Noruega, Austria y México” con el respaldo de otros 50 gobiernos, así como de varias agencias de Naciones Unidas, entre las que destacó el PNUD, consiguió el rechazo del protocolo.
Sin duda, se trata de un importante logro, con el aporte del persistente compromiso humanitario de México en el tema de las armas convencionales a lo largo de tres decenios. Senadora de la República
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