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Si esas candidaturas son el camino para romper la impunidad y mejorar el desempeño del gobierno. Y si es factible legalmente la aspiración de Clouthier.
El término candidato “independiente” o “ciudadano” es demagógico o, en el mejor de los casos, romántico. Quienes buscan poder político, al margen de su motivación o su fin, son políticos.
Hay políticos que provienen de organismos ciudadanos y que genuinamente desean mejorar las cosas y otros que sólo buscan su beneficio individual.
La distinción debe ser entre políticos que compiten bajo las siglas de un partido y quienes no. La diferencia es importante, pues los primeros se someten a reglas de una organización, mientras los segundos tienen menos ataduras, pero también menos apoyo institucional.
¿Son los candidatos sin partido mejores para gobernar y cambiar el statu quo? Generalmente no, según la experiencia mundial. Lo que define el desempeño de un político no sólo es su talento o motivación, sino las reglas del juego.
Un ciudadano impoluto con buenas intenciones que llegue al poder en México (o sea, un político), estaría sometido a las reglas clientelares, a la corrupción y negociación.
Si las evade, no podría gobernar. Si las emula, sería como cualquier político partidista. Lo que se requiere para romper la impunidad es someter a los partidos y a los gobernantes a un sistema efectivo de rendición de cuentas y de incentivos que premien el buen gobierno y sancionen el abuso y la corrupción.
Qué bueno que México pueda tener la vía para competir sin las siglas de partidos, pero solo será una vía complementaria que puede refrescar la vida publica, pero jamás será la solución.
Estoy a favor de que exista la vía para acceder al poder político sin las siglas de partidos, pero solo como un camino para estimular mayor competencia y para forzar a que los partidos sean más sensibles a las demandas de la sociedad.
Siempre existirá la posibilidad de que un político sin partido pueda hacer buen gobierno, pero es improbable. La última reflexión es sobre la probabilidad de que Clouthier sea registrado como candidato presidencial.
Posible, improbable, pero sobre todo, impracticable. Posible porque, a diferencia de 2006 cuando Jorge Castañeda hizo el intento, ahora hay dos reglas nuevas.
En 2011 se estableció en el articulo 1 de la Constitución que la protección de los derechos humanos (uno de ellos, el derecho a ser votado) se hará con base en los tratados internacionales de los cuales México forma parte y favoreciendo siempre la protección más amplia.
Se ordena a las autoridades la obligación de garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La otra regla que no existía en 2006 es la facultad del Tribunal Electoral para desaplicar normas contrarias a la Constitución. El Tribunal podría interpretar que el artículo 218 de la ley electoral que establece que es atribución exclusiva de los partidos solicitar registro de candidatos viola el derecho a ser votado de Manuel Clouthier y desaplicar esa norma para el caso concreto.
Sin embargo, el mayor problema radica en la operación de una candidatura sin partido. Porque el sistema de financiamiento, de fiscalización y de acceso a medios está diseñado para partidos, no para candidatos individuales.
Si el registro de Clouthier procediera, ¿de dónde provendrían los fondos de su campana? ¿Podría tener tiempos de medios? ¿Cómo se fiscalizaría? Cuando Clouthier acuda a solicitar su registro entre el 15 y 22 de marzo, el IFE se lo negará.
Es el papel y obligación del Instituto hacerlo así, como lo hizo en 2006 con Castañeda. Ante la impugnación que presente Clouthier ante el Tribunal Electoral, los magistrados podrán hacer una interpretación conservadora o garantista.
Al margen de su decisión, el suceso debe motivar una reflexión profunda sobre la futura reforma electoral que, inevitablemente, debe ocurrir después de agosto.
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