Subsidios: gran barrera al desarrollo económico

Una de las barreras más importantes para el desarrollo cabal de las alternativas a un desarrollo sustentable en México son los subsidios a la energía, en particular a precios de electricidad y gasolina, gas LP y diesel.

Entre los actores políticos, las razones que argumentan para no quitar subsidios a energía y/o aumentarlos, se ubican en el ámbito de lo social y la lucha contra la pobreza pero no es la manera más directa y económica de hacerlo.

Los subsidios a la energía no son el mejor vehículo para apoyar a los más pobres. El argumento político más fuerte a favor de mantener los subsidios es la protección de la economía de los más pobres, pero el régimen es regresivo y los que ganan son los que más tienen.

Los subsidios da una señal equivocada a los usuarios de energía. La tecnología existente en el mercado para ahorrar energía o aprovechar las energías renovables es rentable a precios reales de la energía e, inclusive, puede permitir que los usuarios, haciendo inversiones informadas, mantengan el nivel de costo de facturas aun cuando los precios unitarios vayan al alza.

Los subsidios tienen un impacto ambiental negativo ya que la matriz energética nacional depende de combustibles fósiles, el que la población no invierta en medidas de ahorro de energía o use energías renovables Son contradictorios con el discurso de sustentabilidad y transición energética del Ejecutivo y Legislativo.

En este sexenio el discurso oficial del Ejecutivo Federal ha tenido un fuerte contenido ambientalista y, por su parte, el Congreso de la Unión emitió dos leyes en la Reforma Energética de 2008 que buscan (con impacto mínimo, por cierto) mayor eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables, lo que haría suponer que se hace un esfuerzo serio, pero la timidez para manejar el tema de subsidios muestra poca determinación y sólo extiende el desperdicio que implican.

Orientan equivocadamente los recursos que deberían servir para avanzar en la transición energética. Esto se muestra ante la diferencia abismal que hay entre los cerca de 300 mil millones de pesos anuales que se han llegado a transferir del erario público a empresas energéticas estatales para cubrir lo que no pagan usuarios de gasolina y electricidad, versus los 3 mil millones que la ley de 2008 asignó por tres años a la Secretaría de Energía para fomentar la transición energética y que ya no van a seguir fluyendo a partir de 2013.

Es indispensable, ahora que estamos en tiempos de decisiones para el futuro de México, que quienes están en la política definan claramente sus posiciones sobre el tema y, en su caso, abran los espacios para detallar los mecanismos y arreglos políticos y sociales, que permitan ajustar subsidios de manera que se dirijan, a quienes realmente requieren ese apoyo.

Es preciso apoyar económicamente las alternativas que aceleren la transición energética hacia la era post-petrolera de México y que den señales para que los usuarios aprovechen las alternativas que, les permitirán bajar sus facturas sin perder calidad de vida, productividad y competitividad.

Para ello, será importante que la sociedad informada presione a quienes nos gobiernan (y a los que nos quieren gobernar) para que sean responsables y hablen y actúen con visión de futuro.