 |
 |
 |
 |
 |
A lo largo de sus marchas, caravanas y diálogos, no ha dejado de visibilizar lo que el Estado había sumido en la monstruosa abstracción de la estadística: seres de carne y hueso a los que no sólo les han asesinado o desaparecido a un ser querido o han tenido que emigrar para escapar de la amenaza, la extorsión o la violencia, perdiendo sus patrimonios, sino a los cuales se les ha criminalizado: han carecido de nombre, de asesorías jurídica y sicológica y del más mínimo trato humano —en ocasiones, después de horas de penoso traslado para recuperar el cuerpo de sus seres queridos, el resultado es que por la incompetencia o la negligencia de las autoridades esos cuerpos pertenecían a otras personas—.
Por fin, después de innumerables tareas, el MPJD logró que la semana pasada se aprobara en las Cámaras una de sus demandas centrales: el reconocimiento legal y hasta entonces negado por el Estado de la existencia de esos seres y cuyo instrumento es la Ley General de Víctimas que busca reparar estas terribles omisiones de las víctimas de la violencia.
Para quienes somos parte del Movimiento por la Paz este logro ha sido resultado de dialogar con las instituciones y hacer propuestas concretas en diversos ámbitos gubernamentales así como manifestarnos pacíficamente —desde eventos como el del primero de noviembre en la Velada por la Paz o reuniones en búsqueda de solidaridad como con Roger Waters, que en el concierto de la semana pasada mostró sensibilidad al tema—, reuniones con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y hasta dos semanas intensas de reuniones con legisladores previo a su aprobación.
Ciertamente la ley, ejemplar en temas de violencia, no resuelve ni las causas ni el origen de la violencia ni de la impunidad; tampoco resuelve los profundos agravios de la estrategia fallida de la guerra contra las drogas, pero muestra, al reconocer la realidad y la necesidad de justicia de las víctimas, la debilidad del Estado y la poca voluntad de quienes conducen este país para enfrentar la actual emergencia nacional desde una agenda estructural y sienta una mínima base para enfrentar a la situación actual.
Por fin, al final del sexenio, con más de 50 mil muertes, más de 20 mil desapariciones y más de 160 mil desplazados, tenemos, con esa ley, la posibilidad de un registro nacional de víctimas y de desaparecidos, y un fondo económico para sus indemnizaciones.
Tardía pero necesaria respuesta al inmenso dolor de la nación y a los largos sacrificios del MPJD. Para este grano de arena que hemos puesto frente a la desgracia, falta todavía que el Presidente de la República firme para que se promulgue la ley.
Su demora sería un crimen. Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las mujeres asesinadas de Juárez, sacar a la minera San Xavier del cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.
Poeta y escritor
Opina sobre este artículo