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Ante ello, nuestra Asociación desea aprovechar la ocasión para reconocer y recordar a los representantes populares recientemente electos, así como a los nuevos congresistas federales que integrarán en pocos días la LXII Legislatura, el gran compromiso y reto que les representa el reformar una ley de más de 65 años de antigüedad; misma que le ha costado al país no ser receptor de cientos de millones de dólares en inversiones e infraestructura, así como dejar escapar la creación de miles de empleos dignos y bien remunerados.
Más allá de la legítima euforia que los resultados hayan podido despertar para los que salieron favorecidos por este voto de confianza de la esperanzada ciudadanía, lo más difícil está por presentarse.
El gran desafío reside ahora, y por el resto de sus respectivos mandatos, en su capacidad por convertir sus propuestas de campañas en planes de gobierno y concretas iniciativas tendentes al reforzamiento de nuestro siempre perfectible marco legal.
El México de este primer cuarto de siglo XXI, ya no es el país que conocimos hace un par de décadas. A marchas forzadas y sin grandes opciones alternas, el país se insertó al mundo globalizado, abriendo nuevos horizontes de desarrollo transfronterizos, pero arrastrando a costa numerosos problemas sistémicos no resueltos, bien nacionales y soberanos.
La confluencia de estas dos realidades forma hoy la cruda fotografía de un país calificado eufemísticamente como “emergente”.
La AIEJA, al igual que otros muchos sectores de actividades que conforman el motor de desarrollo económico de nuestro país, es parte de este gran esfuerzo colectivo.
Y aunque la Industria del juego represente en términos relativos una porción todavía reducida del Producto Interno Bruto (PIB), sus crecientes contribuciones a las arcas de la Nación rozan los 3 mil 500 millones de pesos al año, empleando más de 40 mil personas de forma directa y otros 120 mil de manera indirecta.
Y esto, repartido a lo largo y ancho de la República, con derrames económicos a nivel municipal que han permitido a más de un poblado encontrar salidas viables y dignas a sus problemas regionales, autorizando la instalación de centros de juego.
Sin embargo, este evidente potencial, aunado a las bondades naturales, climáticas y geográficas que caracterizan a nuestro México, ha sido mermado por intereses ajenos y personales, erróneas lecturas de la situación por falta de información y un obsoleto marco legal federal que, legislatura tras legislatura, nadie ha querido analizar con conocimiento de causa, para después reformarlo con vista a su fortalecimiento.
A pesar de todos los esfuerzos que numerosos especialistas han impulsado para enriquecer las propuestas legales relativas a nuestra industria, los resultados enseñan una falta de receptividad absoluta por parte de nuestros interlocutores.
Y esta situación no beneficia a la sociedad, ni al país. En efecto, esta caduca normatividad, promulgada en 1947, deja a empresarios e inversionistas de hoy totalmente desamparados ante las ambigüedades de la ley, las interpretaciones posibles de la misma, el cruce de las competencias federalistas en el proceso de legalización, cuando no la discrecionalidad con la cual las autoridades competentes otorgan o no permisos y licencias para poder funcionar.
La modernización jurídica tiene que ser uno de los pilares del México que hoy todos queremos ver erigirse, luchando de esta forma en contra de los males endémicos que asfixian nuestra economía y se han convertido en obstáculos para el impulso de la industria nacional y del bienestar subsecuente de la población en general.
De manera específica, el extenso campo del juego con apuesta en nuestro país, se ubica en este preciso momento ante la siguiente encrucijada: convertirse en punta de lanza de una ampliada oferta turística nacional que todos los expertos en la materia anuncian como el “gran despertar potencial del continente americano” o bien verse subsumido paulatinamente en los oscuros fondos de la clandestinidad, cooptado por el crimen organizado y escapando de facto a cualquier tipo de regulación.
Y la fácil tentación populista de algunas autoridades estatales de optar por la represión indiscriminada y el cierre absoluto de todos los centros de juego, sin preocuparse por la legalidad o no de sus actividades, no resolverá la problemática de fondo.
La responsabilidad de las autoridades recientemente electas, en cada uno de los poderes y en cada nivel de gobierno, está en el centro de esta dicotomía. Y esta responsabilidad es, hoy en día, sus responsabilidades.
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