Rosario Green
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En diciembre de 1983 entró en vigor una convención que tenía tres protocolos: uno relativo a las minas terrestres, otro a las armas incendiarias y uno más referente a fragmentos no localizables.
Años después se enmendaría bajo el título: Convención sobre la prohibición o restricciones de ciertas armas convencionales que puedan considerarse como excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
También se le conoce como Convención sobre armas inhumanas, y entró en vigor en diciembre de 2001. Después vino la Convención sobre la prohibición del empleo, producción y transferencia de minas antipersonal, firmada en Oslo en diciembre de 1997, identificada como Convención de Ottawa, que entró en vigor en marzo de 1999.
Le siguió la Convención sobre municiones en racimo, cuya negociación concluyó en Dublín, en mayo de 2008, para entrar en vigor en agosto de 2010.
Cabe señalar que México es un Estado parte entusiasta de todos estos instrumentos internacionales. El siguiente paso es alcanzar un tratado sobre el comercio de armas, estableciendo normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales, tal como lo exigen varias resoluciones de la asamblea, en especial la A/Res/64/48 de 2010, la cual señala: “…la necesidad de evitar que las armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras, se desvíen del mercado lícito al ilícito”, por lo cual pide a los Estados asegurarse de que “…sus sistemas nacionales de exportación e importación de armamento cumplan con las normas más elevadas posibles” y decide “…convocar a una conferencia de las Naciones Unidas para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la transferencia de armas convencionales”.
Las negociaciones para un Tratado Internacional de Comercio de Armas están marcha y se extenderán del 2 al 27 de julio en Nueva York. Sus resultados serán especialmente importantes para México, que sufre el contrabando de armas desde EU, y esas armas refuerzan el poder del crimen organizado.
Desde la tribuna del Senado, compañeros de todas las bancadas hemos denunciado la falta de cooperación del gobierno y el Congreso de EU para resolver este problema.
En las reuniones interparlamentarias hemos planteado reiteradamente a nuestros colegas estadounidenses retomar la disposición del ex presidente Clinton prohibiendo la venta de rifles de asalto.
Igualmente hemos demandado que, sin violentar la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos —que data de 1791 y estipula el derecho de sus ciudadanos a poseer y portar armas—, se establezca una disposición que obligue al armero notificar cuando una persona está comprando más de un arma de cierto calibre; tal y como se exige la notificación del banco, cuando alguien deposita más de 10 mil dólares.
No lo hemos logrado en estos casi seis años y lo que hemos presenciado supera la imaginación: el tráfico ilícito de armas hacia México propiciado por las propias autoridades estadounidenses.
Una supuesta operación encubierta denominada Rápido y Furioso, que no sólo violó la soberanía mexicana, sino que acabó en un rotundo fracaso, ha llevado al banquillo de los acusados al procurador estadounidense, Eric Holder, declarado en desacato por negar información a su congreso.
Esperemos que de la negociación que está teniendo lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas surja la obligación internacional que no hemos podido lograr en el plano bilateral.
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