Empresas víctimas de “turismo judicial”

Los abogados de los demandantes son, ante todo, innovadores; su último ardid para lograr importantes cobranzas incluye una nueva y abusiva forma de litigar que funciona de la siguiente manera: Los abogados de los demandantes entablan demandas civiles en el exterior, a fin de asegurar el pago de grandes sumas derivadas de sentencias en contra de corporaciones estadounidenses emitidas por corruptas cortes extranjeras.

Luego, los abogados buscan cobrar dichas sentencias en los Estados Unidos, amparándose bajo normas estadounidenses liberales que favorecen el reconocimiento de sentencias extranjeras, en lo que bien podría denominarse como un “turismo judicial”.

Los ejemplos abundan; en estos últimos años las cortes nicaragüenses han emitido sentencias por miles de millones de dólares en contra de compañías estadounidenses, bajo una ley nacional especialmente diseñada para limitar su defensa.

Aunque las cortes de los Estados Unidos se han negado a ejecutar las sentencias de las cortes nicaragüenses alegando violaciones al debido proceso, la posibilidad de su ejecución cuelga como una espada de Damocles sobre la cabeza de estas empresas, lo que da lugar a mucha incertidumbre y desalienta tanto las inversiones como las contrataciones, e incluso genera considerables costos legales.

El ‘turismo legal’ alcanza la cima en el caso en contra de Chevron. En el 2003 Chevron Corporation fue enjuiciada en el Ecuador por daños ambientales supuestamente causados por las operaciones petroleras de Texaco que cesaron hace más de una década.

La demanda fue entablada a pesar de que Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, había concluido sus operaciones en el Ecuador en 1992, y había resuelto con el gobierno del Ecuador todo reclamo pendiente relacionado con limpieza ambiental en 1994.

Aún así, en febrero de 2011, un juez ecuatoriano ordenó a Chevron pagar 8.600 millones de dólares en indemnizaciones y, de manera increíble, el mismo juez ordenó incrementar esta suma a 18.600 millones de dólares porque la compañía se habría negado a presentar sus disculpas públicas en un plazo de 15 días tras ser emitida la sentencia.

Es el monto más alto ordenado en una sentencia emitida por una corte extranjera en contra de una compañía de los EE.UU. Dado que Chevron no posee activos en el Ecuador, los abogados de los demandantes se han embarcado en una especia de ‘turismo judicial’ y han diseñado un plan para cobrar la sentencia en cualquier lugar en el que Chevron tenga negocios.

El primer destino ha sido los Estados Unidos. Con pruebas fehacientes de que la sentencia ecuatoriana es el producto de fraude, Chevron logró ganar un mandato judicial de una corte federal en Nueva York, la que entre otras cosas, evitaba el cobro de la sentencia en los Estados Unidos.

Dicha orden fue invalidada por una corte superior y el caso está al momento ante la Corte Suprema. Con esta nueva táctica, los abogados de los demandantes podrían establecer un desafortunado precedente que podría llevar a la quiebra a cientos de compañías que mantienen operaciones en el exterior, además de socavar la economía y subvertir el estado de derecho.

Poner fin al ‘Turismo Legal’ La Corte Suprema de los Estados Unidos debería tratar el caso de Chevron y ordenar que cuando exista evidencia de que una sentencia emitida por una corte extranjera haya sido obtenida a través de fraude y corrupción, la víctima de la mal habida sentencia, de manera preventiva, tenga derecho a impedir el reconocimiento y ejecución de la misma ante las cortes de EU.

La Cámara de los Estados Unidos presentó una petición urgiendo a la Corte Suprema a proceder de esa manera; las compañías estadounidenses no deberían tener que esperar durante años perseguidas por el fantasma de una sentencia de varios miles de millones de dólares sin posibilidad alguna de cuestionarla de manera preventiva ante las cortes de EU.

Una sentencia favorable de la Corte Suprema enviaría un mensaje a los abogados de los demandantes para que eliminen esta abusiva táctica de su libreto.

Las cortes de EU deberían continuar respetando y exigiendo el cumplimiento de las decisiones de las cortes extranjeras en los casos apropiados. Sin embargo, la Corte Suprema y el Congreso deben asegurar que los jueces tengan las herramientas necesarias para proteger a las empresas estadounidenses de los abogados de los demandantes que se aprovechan de la hospitalidad legal de EU.

Esto es lo que sería conveniente para los negocios, la economía y para la gente de los Estados Unidos.