Responsabilidad ante la Ley General de Víctimas

El pasado sábado Emilio Álvarez Icaza publicó un artículo en estas páginas titulado “Formas y fondos en contra de las víctimas”.

A título personal doy respuesta a dicho texto: No puede haber afrenta a la sociedad y mucho menos desprecio a las víctimas de la violencia, cuando se busca garantizar el cumplimiento de la Constitución y generar mecanismos eficientes que sí garanticen la vigencia de los derechos de las víctimas y la reparación del daño causado.

En el ejercicio de la facultad constitucional de devolver con observaciones el decreto de la Ley General de Víctimas que aprobó el Congreso de la Unión en el pasado período ordinario de sesiones, el Presidente Felipe Calderón actuó en tiempo y con toda responsabilidad, incluso con conocimiento de que en ello habría señalamientos falsos y dolosos.

Lo fácil hubiera sido promulgar y publicar esa ley, a sabiendas de los defectos en su construcción y de la ausencia de sustento constitucional, para después corregirla.

Esas voces son las que precisamente nos dan la razón respecto de los vicios del ordenamiento vetado, al igual que lo ha hecho Emilio Álvarez Icaza con su silencio sobre los motivos de las observaciones.

No podemos caer en el dilema maniqueo y caprichoso que pretende acotar la discusión de un tema de la más alta trascendencia, al afirmar que, si no se pubica la ley, entonces el Presidente no “demuestra” un verdadero compromiso con las víctimas.

Ello sólo evidencia una gran mezquindad en quienes dicen impulsar la tutela efectiva de los derechos de las víctimas. Que no les quepa duda a Álvarez Icaza y a sus lectores.

De haberse publicado la ley, poco habría durado vigente en el orden jurídico mexicano, puesto que la Suprema Corte no tendría otro camino que expulsarla, ante la falta de base constitucional, para no hablar de otros vicios de fondo, que también se eluden en el referido artículo de opinión.

Entonces se habría cuestionado la falta de consejo jurídico al señor Presidente. Es igualmente lamentable cómo faltan a la verdad aquellos que de un plumazo pretenden borrar lo que se ha hecho durante la administración el presidente Felipe Calderón en materia de atención a víctimas de los delitos que más agravian a la sociedad.

Así, desde el inicio de su gestión el titular del Ejecutivo federal impulsó las reformas constitucionales de mayor trascendencia en la historia del país: la de derechos humanos, la procesal penal y la de amparo y las de leyes ordinarias como por ejemplo, una ley general en contra del secuestro, con esquemas específicos para la atención de víctimas y sanciones más altas a quienes cometen ese delito; promovió asimismo una ley de extinción de dominio en la que se estableció por vez primera la constitución de un fondo compuesto principalmente de los bienes arrebatados a la delincuencia con el objeto de atender a las víctimas.

En esa misma línea, el Presidente presentó al Congreso la iniciativa del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que incluye el catalogo más amplio en nuestro derecho vigente de derechos de las víctimas y que lamentablemente no ha sido aprobado por el Congreso de la Unión.

Recientemente diversas dependencias del Ejecutivo federal colaboraron con legisladores para la construcción del marco constitucional y legal necesario para combatir el delito de trata de personas, que contempla esquemas de atención a las víctimas de ese y otros delitos relacionados; justo el mismo diseño que reclama la ley general de víctimas.

Por último, no puede soslayarse que recientemente el presidente Felipe Calderón promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas al Código Federal de Procedimientos Penales tendientes a mejorar los mecanismos de reparación del daño a las víctimas, de acuerdo con lo estándares internacionales en la materia.

Aunado a lo anterior, es imprescindible resaltar la labor que ha realizado la Procuraduría Social de Atención de Víctimas de Delitos, creada mediante Decreto del Presidente de la República publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de septiembre del año 2011, que hoy cuenta con 16 Centros de Atención que brindan servicios especializados en atención médica, psicológica y jurídica, así como en trabajo social y atención a personas desaparecidas o no localizadas.

Estamos convencidos de la necesidad de una ley general que garantice la plena vigencia de los derechos de las víctimas. Una ley que con el debido sustento constitucional y a través de mecanismos eficientes garantice los derechos de las víctimas, y no una ley que genere expectativas falsas a las personas que se han visto afectadas por la violencia.