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La justicia militar ha otorgado numerosos ejemplos de flagrantes violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad. Durante la I Guerra Mundial en Francia, la Justicia Militar, fusiló a cientos de soldados franceses luego de decisiones de los Consejos de Guerra.
El Primer Ministro Francés, Georges Clemenceau expresó una frase que pasaría a la historia: "la justicia militar es a la justicia, como la música militar es a la música".
La expresión es de enorme utilidad para comprender un aspecto esencial de la justicia en una sociedad democrática: la justicia debe ser una sola para todos los habitantes, sin excepción.
Nadie puede estar por encima de la ley; el largo brazo de la justicia debe llegar por igual a todos los habitantes, "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición", según establece la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Como muchas de las normas e instituciones de los países de América Latina, la justicia militar es una herencia de la Monarquía española del siglo XVIII que buscaba proteger a su ejército de las consecuencias de las batallas en Ultramar.
Tratándose de un ejército que protegía a la Monarquía de las revueltas internas que ponían en riesgo la continuidad del régimen, la justicia militar también evitaba decisiones de la justicia civil que pudieran afectar a aquellas personas encargadas de asegurar la estabilidad y protección de la misma Monarquía.
Durante el siglo XX, con el enorme poder de las fuerzas militares en América Latina, la justicia militar se fortaleció y fue usada para garantizar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos.
La fallida defensa del dictador argentino Videla durante el juicio a las Juntas Militares en 1985 por los asesinatos, torturas y desaparición forzada de miles de argentinos, resume claramente la posición del estamento militar: "las Fuerzas Armadas, para poder cumplir con los fines que determinan su existencia, deben estar en condiciones apropiadas para usar al máximo su poderío en un momento determinado.
(...) de tales características, propias y específicas del derecho y la justicia militar, nace su necesaria autonomía [...]". Para finalizar diciendo que el juicio civil que se le esta realizando a la Junta Militar "constituye una notoria intromisión de la justicia civil sobre la militar, mostrando la evidente antijuridicidad y politicidad de este proceso".
Con el objetivo de mantener la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, lo mismo hicieron las Fuerzas Armadas de otros países de la región.
En Uruguay, la Justicia Militar envió a prisión a miles de civiles con procesos militares violatorios del debido proceso, y en el Perú de Fujimori-Montesinos se usaron jueces militares "sin rostro" para condenar a miles de personas.
En las últimas décadas muchos países han modificado sus constituciones y leyes para distanciarlas de principios y conceptos autoritarios que marcaron nuestra historia y las han adecuado a la realidad de nuestras democracias del siglo XXI, donde el poder civil está logrando poner fin a una historia de autoritarismos y dictaduras.
Ese proceso no ha sido sencillo y la democratización de la Justicia Militar es una de las reformas que mayores obstáculos ha encontrado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido estándares precisos sobre la prohibición absoluta de la jurisdicción militar para casos de violaciones de derechos humanos.
En el caso Radilla Pacheco, expreso que "la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria (...)".
La Corte reiteró ese criterio en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Más aun, en el caso Cabrera García y Montiel Flores señaló que "es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas violaciones de derechos humanos".
Y como para no dejar ninguna duda sobre la prohibición absoluta, la Corte continuó diciendo que "Esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos".
El Presidente Felipe Calderón, el 10 de diciembre de 2011, Día Internacional de los Derechos Humanos, expresó que todos los expedientes relacionados con casos de abusos militares en contra de civiles tendrían que pasar al fuero civil.
Sin embargo, esta clara expresión de voluntad política de la máxima autoridad del Estado mexicano, no se ha materializado en los hechos.
En el caso de Bonfilio Rubio Villegas, un indígena Naua de la Montaña de Guerrero ejecutado extrajudicialmente por militares, la SEDENA, en representación del Presidente de la República, impugnó un fallo histórico que le atribuía competencia a la justicia civil.
En estos días la Suprema Corte mexicana tiene la oportunidad histórica de adoptar los estándares interamericanos de derechos humanos. En decisiones recientes, la Corte mexicana ha mostrado un apego indiscutido a dichos estándares.
No hay motivos para suponer que en esta oportunidad las y los ministros de la Corte no continuarán con esa línea ejemplar para decidir que las violaciones a los derechos humanos deben ser juzgadas por jueces civiles, zanjando en definitiva la discusión mediante el establecimiento de jurisprudencia vinculatoria.
Una decisión en ese sentido tendrá un enorme valor para avanzar, no sólo en el camino del fortalecimiento democrático y el respeto por los derechos humanos en México, sino que también enviará un mensaje ejemplar y necesario a toda la región sobre la importancia de una justicia igual para todos y todas.
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