Rosario Ibarra
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Hacía poco más de un año que había nacido en Monterrey el Comité y las cárceles estaban llenas de presos políticos, había 57 exiliados en Cuba, Italia, Suecia y Francia, y perseguidos en riesgo de perder la vida o ser desaparecidos por la furia de la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca , la Policía Federal y estatal, la Marina y el Ejército.
De los desaparecidos, ni rastro… Aunque ciertas personas (algunos testigos de la detención) nos habían dicho que los buscáramos en el Campo Militar Número Uno; en la Base Naval de Icacos, en Acapulco; en la calle Circular de Morelia Núm.
8 en el DF, lugar clandestino de detención que utilizaba la Dirección Federal de Seguridad. Se logró la amnistía con la libertad de los presos, el regreso de los exiliados y el cese de las órdenes de aprehensión y de las cárceles clandestinas.
Salieron 148 desaparecidos que vieron con vida a muchos más. Ya han pasado muchos años desde que, por primera vez, se escuchó en este país hablar de los desaparecidos políticos, “¿son del 2 de octubre?”, nos preguntaban (aún hoy lo siguen haciendo), “¿aquí en México? No es posible”, decían otros.
La ignorancia y la confusión del tema sembrado por el mal gobierno de México hizo y continúa haciendo que la lucha de las familias de los desaparecidos políticos mexicanos, en la búsqueda de libertad y justicia para sus familiares víctimas del crimen de desaparición forzada, sea más difícil y dolorosa porque rompe en ocasiones con la solidaridad que debiera haber en el mismo pueblo (que también sufre hambre física y de justicia) hacia aquellos que cayeron en las cárceles clandestinas por defenderlo.
Pueblo que prefirió quedarse callado ante nuestro llamado a no permitir una desaparición más, a exigir justicia y castigo a los culpables; pueblo que no se indignó ante la tortura y la impunidad, que no le molestó que el Ejército, la policía y los paramilitares rompieran y rompan las leyes y que hoy contempla las consecuencias de su molicie y apatía y que voltea hacia uno y otro lado sin saber qué hacer ante esta barbarie.
El gobierno de México, responsable del terrible delito de desaparición forzada, ha querido borrar todo rastro de su actuar criminal y para esto y para preservarse en el poder y seguir con el hurto y el despilfarro de recursos, ha modificado las leyes, las ha hecho más severas, les ha quitado los recovecos e insuficiencias con el pretexto de salvaguardar la soberanía y acabar con la impunidad y ahora ya tiene mano libre, carta blanca para asesinar a gusto sin que lo moleste la improbable amenaza del castigo “conforme a derecho”, como si hubiera Estado de derecho y se respetara la ley.
La ley hecha a su antojo le da la impunidad. Ahora la acción de soldados y policías es en nombre de la ley y se actúa contra los “enemigos”, contra la “delincuencia” o contra los “traidores a la patria”, y es el gobierno quien se encarga de calificarlos y señalarlos, colgándoles a los defensores del pueblo el epíteto de terroristas, como hicieron con nuestros hijos y familiares, cuando en México el único terrorista que existe es el gobierno.
El mal gobierno puede gritar todo lo que quiera contra los asesinos impunes y la delincuencia, quién les va a creer si los primeros en delinquir y matar han sido ellos, ellos son los primeros torturadores y secuestradores, ellos han sido los formadores en esta escuela del crimen.
Pero sepan los del mal gobierno que está la memoria de las madres, padres, esposas, hermanas y hermanos, hijos, sobrinos, tíos y amigos para decirle al mundo entero que los desaparecidos no sólo son imágenes en papel o nombres en una lista, que esos nombres y fotografías son de personas que reían con sus compañeros de clase, que bromeaban con sus amigos, que ocupaban una silla, una cama y un lugar en la familia, que ayudaban a alguien y que peleaban contra la injusticia.
Y hoy 30 de agosto gritamos de nuevo: ¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!
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