Propuesta de seguridad

El combate a la delincuencia organizada debe entenderse como una política pública integral basada en alcanzar objetivos concretos utilizando medios específicos orientados a garantizar, con estricto apego a derecho, el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los mexicanos.

Así se entiende el concepto de seguridad humana. Investigaciones del doctor Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Development Center, realizadas en 107 países demuestran que de aplicarse los instrumentos anteriormente mencionados, la presencia de la delincuencia organizada tiende a bajar significativamente.

Existen 23 mercados de bienes y servicios ilícitos (tráfico de estupefacientes, trata de seres humanos, secuestro, etc.) en los que la delincuencia organizada incurre para obtener sus ganancias.

Como él mismo dice: “El único resultado por el cual se juzga a una política contra mafias como un éxito o como un fracaso se basa en corroborar si las tasas de incidencia de los 23 delitos organizados bajan o suben.

Todo lo demás es choro de una élite político empresarial que por acción u omisión se enriquece a través del negocio criminal.” Siendo congruentes con este enfoque, si los resultados obtenidos no son los deseados, el uso de la buena lógica obligaría a todo político a reorientar la actual estrategia hacia una distinta.

La falta de voluntad política se traduce en un vacío de legitimidad percibida en las instituciones judiciales. Esto, aunado a la corrupción rampante en México, son factores correlacionados con la presencia de grupos de delincuencia organizada trasnacional.

Veamos ahora los resultados de la mencionada investigación. En materia de: • Eficiente aplicación de la ley (artículo 29 de la Convención de Palermo) – entendida como la capacitación para fiscales, jueces de instrucción y personal de aduanas así como para el personal de otra índole encargado de la prevención, la detección y el control de los delitos en los que incurre la delincuencia organizada-, • El combate a la corrupción política de alto nivel–esta última entendida como un bolsón de delitos jurídicos que puede incluir el tráfico de influencias, el peculado o la malversación de fondos- (artículo 8 y 9 de la Convención de Palermo así como la Convención de Mérida en su conjunto), • El decomiso y la incautación de bienes materiales y financieros de procedencia ilícita a partir de las investigaciones de unidades de inteligencia (artículo 12 de la Convención de Palermo) con capacidad de integrar sus reportes financieros a expedientes judiciales (artículo 27 inciso a) y d) de la Convención de Palermo) • La cooperación internacional (mundial, regional, subregional y bilateral) entre Estados y sus autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir eficazmente el lavado de dinero (Artículos 12, el 7.4, el 13.1 y 13.2, el 16.5 inciso b), el 20.2 y el 27 inciso b) de la Convención de Palermo), y de • Programas de prevención social –y no solamente del delito- funcionando enfocados a la disminución en el mediano y largo plazo de factores de riesgo en comunidades afectadas.

Por ejemplo, programas referentes al acceso a la educación de calidad, a la prevención y tratamiento de las adicciones, a la creación de centros de esparcimiento deportivos, etc. (Artículo 31 de la Convención de Palermo) los resultados determinan que… México es el quinto peor país de la muestra de 107 países analizada con Afganistán, Guinea Ecuatorial, Pakistán y Nigeria antecediéndolo.

La estadística refleja que, a través del análisis de los expedientes judiciales, México sólo implementa el 64% y el 23% de las cláusulas de la Convención de Palermo y de Mérida, respectivamente.

Es decir, por más veces que el Presidente nos intente convencer de lo contrario, la actual estrategia ha sido un rotundo fracaso (pronosticado y anunciado por años).

Sin embargo, este escenario ofrece la oportunidad para rendir homenaje a las víctimas inocentes: la reconstrucción del Estado con el fin de fortalecer el tejido social a través de programas de sociedad civil en redes que inviertan en educación, trabajo, infraestructura social y salud pública.

Los vacíos institucionales que deja el Estado, bien pueden llenarlos la sociedad civil. Es hora de reorientar la manera de hacer política en el país. Ya es hora.