Compras en el gobierno

En nuestra vida los seres humanos día a día tomamos decisiones para satisfacer nuestras necesidades cotidianas que se enfrentan a un dilema: ¿comprar barato o comprar calidad, o basarse solamente en la experiencia o en la mejor oportunidad presentada?
El gobierno no está exento de ese problema, es un monstruo integrado por más de 240 dependencias federales, mismas que requieren le sean suministrados toda clase de bienes y servicios para poder operar, de lo contrario fracasaría si no contara con ellos.
Surge entonces la necesidad de adquirir esos bienes o servicios que se necesitan para el funcionamiento diario, misma que viene acompañada con cientos de propuestas de cientos de proveedores, y que reflejan a veces una mejor oferta que la competidora.

Pero, ¿y cómo se debe de comprar?
La “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” describe en su artículo 36 Bis, tres modelos de concretar compras: la propuesta más económica; la que salió mejor evaluada en un método de Puntos y Porcentajes; y la que opera a través de una puja entre los concursantes que van ofertando descuentos sucesivamente.
A lo largo del tiempo, el método más utilizado por el gobierno de México ha sido el de adjudicar un contrato bajo el criterio del precio más bajo, mismo que representa un beneficio muy importante ya que logra hacerse de un bien o servicio al menor costo, lo que conlleva a generar importantes ahorros de dinero para hacer frente a otras necesidades.
Sin embargo, en el complejo mundo de bienes y servicios existentes en la actualidad en sectores como el de Telecomunicaciones (TELECOM), la Salud, la Construcción o el de Tecnologías de la Información (TI), las decisiones de adjudicación no pueden sólo basarse en el precio, ya que correrían el riesgo de hacer válido el dicho mexicano de “a veces lo barato cuesta caro”.
Para esos casos, el gobierno ha optado desde hace una década en reforzar e implementar el método de “Puntos y Porcentajes” en adquisiciones y arrendamiento de bienes y servicios como equipos de cómputo, dispositivos médicos, impresoras y administración de sistemas de red, entre otros.

Esencialmente, este método consiste en asignar previamente diversos valores a características que además del precio sean importantes en la compra, es decir, rubros como experiencia, capacidad económica, tecnología de punta, eficacia del producto, dominio en el servicio, confiabilidad y especialidad, entre otros.

Pero existen cuestiones complejas como la compra de tecnología, mercado que tan sólo en México está valuado en más de 30 mil millones de dólares anuales, por lo que sería muy riesgoso ponerlo únicamente en manos del mejor precio, ya que frente al ahorro se contrapone el hecho de que pudiera no haber la suficiente experiencia en el servicio o el proveedor no ser muy confiable, afectando la ecuación de costo-beneficio.

Ante ello, el gobierno apuesta por fortalecer la creación de contratos marco para ser usados por todas las dependencias en compras sencillas y de valor promedio.

Paralelamente, deberá establecer parámetros de ciertos montos sobre algunos bienes y servicios que por su menor cuantía, puedan dejarse a las fuerzas de oferta-demanda del mercado.

En cambio, cuando se trate de compras sobre satisfactores con algún grado mayor de complejidad por estar insertos en un mercado global, tecnificado y muy cambiante, la regla y no la excepción deberá ser siempre el mecanismo de Puntos y Porcentajes.

En esta sintonía, dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS, Pemex, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han optado por el esquema de Puntos y Porcentajes, lo que garantiza mayor rendimiento en el costo-beneficio de los servicios y productos contratados.

Sin duda alguna, este será el presente en las compras del gobierno…