¿Dientes, para qué?

Con frecuencia hemos escuchado que una autoridad cuenta con “dientes” o no, haciendo alusión a su capacidad real de control sancionatorio frente a las conductas desplegadas por los sujetos a los cuales tiene que vigilar o supervisar.

Con menos frecuencia nos hemos detenido a analizar la importancia verdadera de contar con “dientes”, y mucho menos si aún contando con ellos, la autoridad los utiliza en beneficio de sus gobernados.
En el caso de México, es de vital importancia que la Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador de la materia, cuente con una dentadura completa y no únicamente con un par de maxilares por diferentes razones.

Se requieren dientes para encausar oportunamente y sin mayores dilaciones el actuar indebido de los operadores. Se requieren dientes para inhibir prácticas lesivas y no sólo para accionar de manera reactiva.

Pero sobre todo, se requieren dientes para satisfacer las demandas de los usuarios de uno de los sectores con mayor crecimiento económico en nuestro país mediante la imposición directa de sanciones a los operadores que hubieren incumplido con sus obligaciones y no únicamente para proponer sanciones a otra instancia de gobierno.

En el otro extremo de la balanza, es indispensable que el órgano regulador cuente con una dentadura completa para constituirse como verdadero garante y árbitro de las relaciones entre los operadores.

No basta contar con reglas claras en los títulos de concesión, reglamentos y leyes, si la autoridad encargada de su aplicación no cuenta con facultades suficientes para velar por su aplicación.

El contar con dientes tampoco será funcional como ya lo ha apuntado la OCDE en su estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México (enero 2012), si para ejecutar los mecanismos de supervisión y vigilancia se tiene que recurrir a dos o tres instancias administrativas, sumado a los complicados y siempre recurrentes litigios.

En este sentido, resulta evidente que entre más claro sea el procedimiento que les permita a las autoridades administrativas asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los operadores, mayor certeza tendrán los ciudadanos de conocer con toda transparencia y oportunidad los niveles de cumplimiento, y en su caso, la eficiente y obligada intervención del Estado para reconducir el actuar de los operadores.

La OCDE en su último estudio denominado México hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora regulatoria (Noviembre 2012), señala que el marco normativo institucional debería modernizarse a través de una revisión de los poderes, las atribuciones y las medidas de gobernanza de las autoridades reguladoras, y apunta que, los organismos reguladores independientes son una características clave de la gobernanza regulatoria moderna.

La recomendación de la OCDE considera que una política congruente de gobierno entero para los organismos reguladores es un elemento decisivo para asegurar la confianza de las empresas y los ciudadanos en las decisiones normativas y el marco regulatorio general.
En este sentido, es necesario subrayar que el reto del Estado no sólo debe limitarse a la incursión planificada de nuevos operadores en el sector.

Un modelo eficiente de sana competencia forzosamente tiene que ir acompañado de la oportuna supervisión de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los operadores existentes y con ello garantizar la adecuada prestación de los servicios en el mercado de las telecomunicaciones.