Meter en cintura a gobernadores y alcaldes

Contrario a la estabilidad en las finanzas públicas del gobierno federal, muchos estados y municipios del país están en crisis.

Como si se tratara de dos países distintos, uno a nivel federal que presenta cuentas sanas y otro conformado por estados y municipios que enfrenta serias dificultades financieras, en México existe una brecha fiscal entre órdenes de gobierno.

En efecto, muchas entidades federativas enfrentan desequilibrios fiscales graves y cientos de municipios están en quiebra. Incluso, hay ayuntamientos y legislaturas locales que han anunciado que no cuentan con recursos suficientes para pagar sueldos y aguinaldos de sus empleados públicos.

A diferencia de la disciplina fiscal que ha caracterizado a las últimas administraciones federales, muchos gobernadores y alcaldes del país han relajado el control financiero de sus arcas.

Si en algún ámbito de política pública existe el "feudaralismo" en México es en el fiscal. Sin contrapesos reales en las auditorias superiores ni en los congresos locales, los ejecutivos estatales y municipales no tienen en su mayoría quien los vigile ni sancione: son auténticos virreyes de la "provincia mexicana".

Confiados en que la federación no solo les transferirá recursos crecientes, sino que por lo general avala la contratación de deuda, muchas autoridades locales han administrado irresponsablemente sus recursos, hipotecando sus regiones.

La descentralización del gasto público ha tenido, además, efectos perversos: ha minado, por ejemplo, el esfuerzo fiscal de estados y municipios, que cada vez generan menos recursos propios y dependen más de las transferencias federales.

Antes de que sea inevitable un "fobaproa" de estados y municipios, hace pocas semanas se reformó la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Sin la espectacularidad de otras reformas, como la laboral, esta legislación pasó un tanto desapercibida en la opinión pública, pero sus implicaciones son de gran calado: permitirá que estados y municipios rindan cuentas no solo a las instancias correspondientes, sino a la sociedad en general.

Se trata de una de las reformas más significativas para la transparencia y rendición de cuentas, sin que eso signifique que no contenga omisiones y hasta errores, como toda legislación, sobre todo tratándose de una iniciativa preferente con poco tiempo para su discusión.

Para efectos prácticos, la nueva legislación establece un marco normativo que obligará a todas las entidades públicas para que dentro de un año -a partir del 31 de diciembre de 2013; excepto municipios, que tienen hasta el último día de 2014- armonicen su contabilidad.

Parecería un asunto técnico y hasta menor, pero no lo es: esta nueva ley permitirá, acaso más que ninguna otra, meter al redil a gobernadores y presidentes municipales.

En tanto que los mecanismos de rendición de cuentas a nivel local son mucho más precarios que a nivel nacional, una ley de carácter general, que es de observancia obligatoria para estados y municipios, resulta clave en un momento de descontrol del gasto público fuera de la capital

La ley contempla que la información contable y presupuestaria, además de estar sujeta a las disposiciones aplicables en transparencia, también sea publicada trimestralmente en los portales de transparencia de las entidades públicas.

De cumplirse, esta disposición permitiría transitar hacia un "gobierno abierto", que involucre a la sociedad civil en la exigencia de cuentas y evaluación de los gobiernos.

El reto de esta nueva ley está en lograr que las cuentas públicas no solo reflejen los registros y cifras de ingresos y gastos del sector público, sino que también se relacionen con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo.

En la medida en que las cuentas públicas sirvan para evaluar tanto el desempeño como el logro de metas gubernamentales, en esa medida se rendirán cuentas sobre los dineros públicos; sobre todo en el ámbito local, donde es urgente meter en cintura a muchos gobernadores y alcaldes.