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La expansión económica de la que hemos gozado en Texas durante la última década no ocurrió por accidente ni es el resultado de algo elaborado precipitadamente.
Bajo el liderazgo de los gobernadores Bush y Perry, Texas implementó ciertas reformas las cuales fueron diseñadas para atraer nuevas inversiones al estado con el fin de impulsar nuestro crecimiento económico.
Una de las reformas más importantes fue la del sector eléctrico.
Con la mira en fortalecer nuestra competitividad a nivel mundial y mejorar la calidad de vida para nuestros ciudadanos, la estrategia de crecimiento económico en Texas rápidamente fue adaptada a las realidades de nuestro mercado eléctrico.
Además de buscar seguridad fiscal y certidumbre jurídica antes de colocar su capital, sabíamos que el inversionista también requería una garantía de un suministro superior de electricidad de alta calidad y a bajos precios.
Esto lo escuchábamos con frecuencia; particularmente de aquellos inversionistas y empresas dentro del sector tecnológico.
Por este motivo, se vio necesario diseñar una reforma que permitiera aumentar la calidad de servicio eléctrico y disminuir los costos de generación, transmisión y distribución.
Para Texas era muy importante tener una reforma estructural, la cual incluyera una nueva legislación y normativa que diera sustento al desarrollo energético del estado.
Por consiguiente, se reconoció la necesidad inmediata de eliminar aquellos obstáculos los cuales nos prevenían alcanzar nuestros objetivos.
La reforma se enfocó principalmente en eliminar aquellos aspectos burocráticos los cuales estaban sofocando el desarrollo de nuestra industria eléctrica, y consecuentemente; nuestra economía.
Como gobierno, fue necesario transformar nuestra manera de pensar (la cual estaba basada en un modelo anticuado e ineficaz) hacia una perspectiva progresiva más abierta y basada en el desarrollo económico.
Los monopolios del sector eléctrico en Texas eran poco eficientes y representaban una barrera a la prosperidad. Al eliminarlos, la esperanza era poder limitar la burocracia, reducir riesgos, abrir mercados, promover la competencia y desvanecer impedimentos a la innovación tecnológica, todo ello para el beneficio del consumidor y de la competitividad del estado.
El abrir las puertas de este sector estratégico al capital privado resultó en una muy buena apuesta para Texas; la cual nos ha dado resultados económicos muy útiles.
La liberalización en la generación de energía eléctrica nos ha traído muchos beneficios. Las instalaciones de generación eléctrica tienden a ser muy costosas y toman un largo tiempo para ser construidas.
Dándole al sector privado la oportunidad de construir y operar estas instalaciones empleando su propio capital nos ha otorgado una ventaja estratégica, ya que los costos y riesgos los asume el inversionista por su parte y no se le imponen al consumidor o al estado.
A raíz de esta reforma, las compañías generadoras han invertido más de 25 mil millones de dólares en sus instalaciones tejanas.
En Texas se produce (y consume) más electricidad que en cualquier otro estado de los Estados Unidos. Texas cuenta con más de 850 unidades de generación con capacidad de generar más de 100,000 MW de potencia y es líder a nivel nacional en la generación de energía eólica.
Aparte de ser imponentes, estas cifras dan certeza y confianza al inversionista.
A consecuencia, muchas empresas siguen eligiendo a Texas para colocar su capital en forma de instalaciones industriales y comerciales.
Estas saben que el consumidor tejano goza de electricidad fiable y de tarifas bajas creadas por la misma reforma de mercado donde los generadores compiten entre ellos mismos al ofrecer su producto al mercado abierto.
Este atractivo es el resultado que se buscaba con la estrategia de crecimiento económico.
La reforma no fue algo fácil ni llegó sin retos, pero el resultado neto definitivamente has sido algo bastante positivo.
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