Considerar a las víctimas

Este 23 de enero será discutido en la SCJN el caso de Florence Cassez que se ha convertido en una especie de cuarta instancia no prevista en el sistema constitucional mexicano, del cual se han emitido muchos análisis jurídicos, pero muy poco se ha hablado de lo que las víctimas sufren y padecen, de su secuestro y de las consecuencias personales y familiares que las mismas han tenido, que incluyen persecución, exilio y sufrimientos.

En una palabra re-victimización.
Las víctimas no tienen voz, ni poder político y mucho menos los recursos como los que se han desplegado en este caso en defensa de la persona acusada.
Hoy la SCJN está frente a un desafío, ya que con la resolución de este caso se estarán fijando los criterios para juicios futuros, no sólo los co-imputados de la señora Cassez, sino también los muchos secuestros que suceden en el país y los millones de delitos graves que laceran a las familias mexicanas.
La Corte también está ante un gran reto: el criterio de ver únicamente de manera fría un expediente y el de considerar que detrás de todo ese montón de papeles y argumentos está el factor más importante: el humano.
Hoy, que el de los derechos humanos es un tema recurrente en la SCJN, es momento de demostrar si nuestras autoridades consideran los daños irreparables que causan los secuestradores —no únicamente en la vida del secuestrado, al cual le roban para siempre la confianza— sino también el daño que causan a todo su entorno.
Es momento de que la SCJN demuestre el valor que tienen las instituciones para hacer honra a nuestra Constitución: castigando al culpable y protegiendo al inocente.
Cómo explicar a los ciudadanos que después de que el propio Poder Judicial ha sentenciado a la señora Cassez en tres diferentes instancias, hoy se podría intentar borrar todo lo actuado.

Existen pruebas suficientes para declararla culpable y es momento de hacer valer la ley.
Cómo explicar que después de que el propio Poder Judicial de la Federación, a través de un juez de distrito, un magistrado de tribunal unitario y tres magistrados del colegiado (cinco impartidores de justicia) que sentenciaron a la señora Cassez como responsable, en las tres instancias, ahora en una cuarta instancia se pretenda borrar todo lo actuado.

Eso haría quedar muy mal al propio Poder Judicial, significaría que todos sus antecesores que intervinieron son incapaces.
La Corte debe enviar un mensaje de que no propicia la impunidad.

Los que creemos en la justicia federal y sostenemos que en este caso se aplicaron las garantías para determinar una sentencia de culpabilidad, sabemos que si a alguien le violaron sus derechos humanos es a los secuestrados y no a los secuestradores.

Si a la imputada le violaron algunos derechos humanos que se los reparen en la medida en que se afectó el debido proceso. Si le violaron sus derechos después de la detención, cuando fue presentada a la prensa, que se castigue a los responsables del montaje televisivo.

De ninguna manera es tolerable que se dañen los derechos de las víctimas.
La SCJN debe dar el mensaje que no se propicia la impunidad con falsos argumentos.

Los secuestradores son quienes violan los derechos humanos de las víctimas.
Hoy, las víctimas no queremos quedarnos con las manos vacías, exigimos justicia y debido proceso.