Vientos de cambio

Nuevos vientos soplan en el país. Vientos de cambio con un nuevo estado de ánimo nacional. La esperanza renació como fruto del ejercicio político del gobierno.
El Pacto por México, la Ley de Víctimas y otras acciones puestas en marcha son los cimientos de un renacimiento hacia el abatimiento de pobreza, justicia, legalidad, crecimiento económico, recuperación del liderazgo nacional e internacional.
Un caso pendiente refleja como la punta del iceberg errores y horrores que en materia de justicia se vivieron en el sexenio pasado: Florence Cassez.

Fue una suma de falsedades y mentiras que incluso puso en riesgo las buenas relaciones entre México y Francia.
En la visita a Francia, el presidente Peña Nieto expresó su más absoluto respeto al desempeño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Breve e impecable posición.
La Corte ha iniciado un proceso que seguramente devolverá la justicia, la razón y el derecho a Florence Cassez, que nunca debió haber perdido.

Las presiones que el gobierno anterior ejerció contra el Poder Judicial rayaron en intervencionismo e impidieron que una inocente hubiese obtenido su libertad.
El caso Florence Cassez, como ha quedado demostrado, fue un montaje escenográfico televisivo que nunca debió haber existido.

Es una vergüenza para la justicia de este país.
Da pena ajena observar cómo las instituciones de seguridad y justicia se esmeraron en fabricar culpables, durante los últimos años, y en construir un Estado policiaco.

Me pregunto cuántas “presuntas culpables” existirán, sin que lo sepamos, en las cárceles de nuestro país.
¿Acaso no valdría la pena preguntarnos, ante estos errores y horrores, qué hace y dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
Muchas personas dudan de la inocencia de Florence Cassez, es natural, no las culpo; las campañas de medios desatadas por el gobierno anterior han sido brutales, han politizado y desvirtuado el caso.
Se creó, sobre el falso escenario, una cortina de humo que hizo creer a muchos mexicanos que Florence era culpable, cuando es inocente, que era victimaria cuando es víctima del sistema y que había que defender equivocadamente la soberanía en lugar de la verdad.
Encarcelar inocentes abona la impunidad, porque deja al responsable en libertad.

Este caso es paradigmático, resume las falsedades, mentiras y las presiones políticas sobre la justicia. Tiene efectos políticos. Pero importante es evitar que interfiera la política en la decisión de los jueces, magistrados o ministros, pues en caso de que eso ocurriera, regresaríamos a una etapa ya superada en gran medida a partir de la reforma constitucional de 1995.
Florence Cassez ha pasado más de siete años en prisión, su declaración final de inocencia, como parece que ocurrirá, será una voz esperanzadora para muchos otros que atraviesan su misma situación.

Ojalá el actual gobierno y las organizaciones sociales pudieran establecer una comisión que revise los casos de aquellos que no tienen —como en el caso Florence Cassez— un gobierno y una embajada dispuestos a defenderlos.
Aquellos que no tienen más defensa que la de oficio deberían tener organismos sociales de defensa, ello hablaría bien de un país y del órgano constitucional de acusación: el Ministerio Público, que con buena fe corrige los errores que todos podemos cometer.
Pero en el caso de Florence Cassez está claro que no fue un error: las mentiras y las falsedades sobre los que descansan “las pruebas” dejaron claramente marcadas las huellas en el cristal de la justicia del dolo.
Con la ponencia del ministro Arturo Zaldívar y ahora lo que todo parece apuntar en la ponencia que presentará la ministra Olga Sánchez Cordero, permitirá que los mexicanos consolidemos nuestra confianza en la Suprema Corte, como garante de la Constitución, de la justicia y la legalidad.
Habría que preguntarse después si todo quedará en el clásico “usted perdone”, o si debe abrirse una investigación al respecto que ponga las cosas en claro, pues el casi rompimiento de relaciones bilaterales fue un precio muy alto.

Pero lo más grave es que, de continuar en esa línea, todos seríamos víctimas potenciales de un Estado policiaco represor.
México no se merece ese destino.