REPORTE FRONTERA

Seth Rojas Molina

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CASSEZ: ¿JUSTICIA O VENGANZA?

viernes, 25 de enero de 2013
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Debido a lo sensible que es para la sociedad el tema del secuestro, uno de los delitos que más lastima a las víctimas y a sus familias, la resolución judicial que ordenó la liberación de Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por ese delito y otros, provocó una generalizada reacción de profunda indignación.

Las expresiones de rechazo por la excarcelación de la francesa se centran en la descalificación de los Ministros de la Primera Salas de la Suprema Corte a quienes reclaman que su decisión atropelló los derechos de las víctimas.

Sin embargo hay que notar que el caso muestra que la actuación de las autoridades federales que la detuvieron fue totalmente contraria a la constitución.

Que al no haberla puesto sin demora a disposición del ministerio público tras su detención y retardarle su derecho a la asistencia consular, cometieron violaciones a derechos fundamentales de la extranjera, que causaron un efecto corruptor en todo el proceso judicial.

Hay que recordar que esas dos acciones permitieron que se montara la escenificación que terminó por trasgredir su derecho constitucional a la presunción de inocencia, ya que la televisión, en cobertura nacional, la presentó como coparticipe en el secuestro de las víctimas “rescatadas” en el falso operativo de la Agencia Federal de Investigación.

Que ahora la presunción de inocencia dejó de ser un principio general de derecho para convertirse en un derecho fundamental “que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”.

Se concluye que las autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública, específicamente de la AFI, actuaron en contrario a ese mandato legal y peor aún de mala fe realizaron acciones que tenían el propósito de exhibir públicamente a la francesa como responsable de los hechos delictivos que llevaron a su condena.

La sentencia en el juicio de amparo directo en el caso Cassez no entra al análisis de su culpabilidad sino que se concentra en las deficiencias de un proceso que estuvo plagado de irregularidades, iniciadas con la violación de sus garantías constitucionales.

El análisis concluyó que las conductas ilegales de las autoridades provocaron un efecto que terminó por afectar las evidencias incriminatorias que se presentaron en su contra y que en consecuencia dejaron de tener fiabilidad como para que se llegara a la determinación de que efectivamente era culpable.

Quizá sea políticamente correcto expresar muestras de descontento y rechazo a esa resolución, pero aún cuando los derechos de las victimas involucradas en el caso efectivamente sean de altísima significación, no hay que ignorar que fueron los actos de los funcionarios del gobierno los que al final dieron pie a que todas esas personas resultaran nuevamente agraviadas.

Que se hubiera sostenido la sentencia de cárcel pasando por encima de esas gravísimas circunstancias, sentaría las bases para que las fuerzas del gobierno tuvieran absoluta libertad para violar impunemente la ley en aras de forzar su supuesto cumplimiento.



En medio de la profunda descomposición de las policías y de los sistemas de procuración y administración de justicia, que se imponga una visión como esa abriría las puertas a un verdadero infierno legal.

Antes de este caso nadie dudaba de esa pudrición, pero ahora con la sentencia de libertad absoluta a favor de la francesa pareciera que muchos consideran asunto menor que se actué en contra de la constitución con tal de castigar a toda costa a indiciados de tan terribles delitos, sean culpables o no.

 

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