REPORTE FRONTERA

Seth Rojas Molina

POLICIA FEDERAL: ¿PAPELITO HABLA?

La Secretaria de Gobernación inició la distribución entre los casi 40 mil elementos de la Policía Federal de lo que han denominado “cartilla de derechos”, con la que, según las autoridades, se pretende evitar arbitrariedades en contra de las personas que son detenidas.
De acuerdo con lo que dio a conocer la dependencia, en esta cartilla hay disposiciones para que los policías federales informen a los detenidos del motivo de su detención, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sobre su derecho a un abogado o a que pueden guardar silencio y que si rinden declaración no debe inculparse o de que tiene derecho a avisar a un familiar de su situación.
El documento, que las autoridades federales han instruido a los integrantes de esa corporación que deben traerlo consigo durante los operativos que realicen, contiene una especie de vacuna “Anti-Cassez”: Los elementos policiacos deberán informar a cualquier detenido de su derecho a ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente y que, en caso de ser extranjero, puede dar parte al consulado de su país.
El documento tiene un propósito propagandístico ya que la relación de derechos que se reproduce ahí forma parte de las garantías constitucionales que los elementos federales seguramente no desconocen.

El fondo del problema de los atropellos policiacos no es por falta de información sino porque en nuestro país hay una terrible subcultura del abuso de la fuerza, de la negación arbitraria de los derechos que asisten a los detenidos y la impunidad que acompaña a estas acciones.
La cartilla de referencia parece el resultado de un enfoque muy ligero y superficial sobre un grave problema que se ha agudizado desde que prácticamente en todo el país se han incrementado brutalmente los niveles de inseguridad pública relacionada con la delincuencia organizada.
Es tan superficial como aquellas circulares que en tiempo de Felipe Calderón emitieron las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina luego de los múltiples asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas contra personas que no se detuvieron en un retén militar.
Habría que recordar que el gobierno panista las publicitó como si fueran la gran cosa.

Esas disposiciones referían a las circunstancias en las que los marinos y los soldados podían hacer uso de la fuerza. No eran más que la reproducción de los criterios legales de la legítima defensa.
El problema es mucho más complejo como para que el gobierno salga con cosas tan superficiales.