“Requiere la reforma penal voluntad política”

Anivel federal y local hay rezagos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México: sólo en cinco entidades se aplican a cabalidad los juicios orales, y existen casos preocupantes como el Distrito Federal.

Expertos apuntan que es necesaria una mayor voluntad política, más que recursos, para acelerar la reforma y culminarla en menos de los cuatro años que quedan del plazo que fijó la ley, un proceso en el cual el presidente Enrique Peña Nieto debe asumir el liderazgo, para impedir su fracaso.

Es el diagnóstico de los especialistas durante el Foro sobre "La Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal", organizado por EL UNIVERSAL, en el que se analizaron alcances, logros y obstáculos.

Israel Alvarado Martínez, ex consejero de la Judicatura del Distrito Federal e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe); Emilio Rabasa Gamboa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Francisco José Huber Olea, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) e integrante del Colegio de Juzgadores; así como Javier Cruz Angulo, de la Unidad de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), analizaron el escenario actual de la reforma de junio de 2008.

Al respecto, Cruz Angulo indicó que era necesario tener juicios orales en materia penal, no obstante, aunque la ley estableció ocho años como lapso para la implementación de la reforma, el proceso sólo se ha cumplido en su totalidad en cinco estados de la República: Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca y Zacatecas, y existen avances parciales en otras cinco como Guanajuato.

Expuso que la reforma "debe aplicarse acorde a las características de política pública criminal de cada entidad, porque de lo contrario irá haciendo agua", y habrá fallas como en Chihuahua, donde han sido necesarias 100 reformas legislativas al Código de Procedimientos Penales, como ajustes en la realización de los juicios orales.

Para el ex consejero Alvarado Martínez el avance, a cuatro años de la reforma, "está mal y es preocupante", pero además no sólo se trata de cuántos estados aplican los juicios orales, pues son sólo una parte de la ecuación del cambio, "todo lo previo es lo más importante: la actuación de la policía, los servicios periciales, la actuación de la defensa y del Ministerio Público, que son imprescindibles para tener una calidad en la justicia".

Un ejemplo paradigmático, dijo, es la liberación de Florence Cassez, "porque da cuenta precisamente de los errores que se dan en el transcurso de un procedimiento, desde la investigación, la detención, que culminarán en problemas de esta naturaleza, y que ahora es muy sonado porque llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Sin embargo, expuso que casos como éste suceden día tras día en todas las entidades que ya implementaron el modelo de juicios orales, ya que desde el juez de control o garantías están dejando en libertad a inculpados, porque se califican de ilegales las detenciones, o se encuentran irregularidades desde las primeras etapas del procedimiento.

Rabasa Gamboa indicó que un obstáculo de la reforma "es la resistencia, ya que muchos policías, Ministerios Públicos o dentro de la Judicatura, no quieren cambiar el ‘chip' en su actuación".

Y advirtió que en este proceso "las policías son un elemento clave, es el eslabón más difícil de concatenar (...) mientras no tengamos una policía capacitada, científica, profesional, no podemos tener una adecuada reforma penal de los juicios orales.

Un elemento medular de la reforma es la transformación de la policía reactiva a una investigadora, que no detenga para investigar, sino que investigue para detener".

Alvarado Martínez advirtió que además del rezago en la implementación de la reforma, donde alrededor de diez estados en total reportan algún nivel de avance, "hay una disparidad en la forma en que está entrando en vigor".

Es una de las consecuencias de que no exista un Código Penal Único y un Código de Procedimientos Penales aplicable a todo el país.

"El hecho de que estén entrando en vigor de manera tan diferenciada se deriva de un sistema federalista como el que tenemos, donde cada quien es libre de determinar cuáles son las normas que se van a aplicar, en qué momento y cómo van a entrar en vigor", explicó- .

Incluso en la Federación "no van ni siquiera a la mitad", ya que la Policía Federal actualmente tiene un ritmo, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene otro completamente distinto, tiene sus propios recursos a través del "Proyecto Diamante"; el Consejo de la Judicatura está haciendo sus esfuerzos pero van a destiempo, con sus tiempos y criterios "y esto no traerá ninguna otra consecuencia más que un fracaso muy probable", alertó el ex consejero.

Las entidades que han sido exitosas, como el Estado de México o Chihuahua, se caracterizaron porque todas las instituciones "iban exactamente en los mismos ritmos y tenían la misma visión", dijo.

El caso del DF

Alvarado Martínez revela que el Distrito Federal representa una enorme complejidad, pero no registra un avance ni del 50%, cuando tan sólo el TSJDF es del tamaño del sistema judicial de todo Chile.

De hecho, al parecer los avances más notables en el DF, aunque graduales, se han dado en el ámbito del Poder Judicial.

El magistrado Huber Olea, indicó que en el TSJDF, que es uno de los tres más grandes del mundo, "requerimos tener la legislación en la que se establezcan los juicios orales en materia penal, ya estamos en este momento en materia civil y mercantil, que es una reforma de hace dos años, donde ya tenemos este tipo de juzgados, nuestras salas de oralidad".

En materia penal, detalló, el pleno de los magistrados del Tribunal creó una comisión para proponer un Código Procesal Penal, para definir cómo será el proceso oral en el DF, "ese trabajo ya culminó, y en él se establecen los tres tipos de jueces: el de vinculación o control, de oralidad y ejecución".

Incluso hay un proyecto de oralidad en materia familiar, en primera y segunda instancia.

Reconoció que "el Tribunal va caminando de acuerdo también a cuestiones presupuestales que nos van haciendo complicado el avanzar en este tipo de temas, pero esto no quiere decir que estamos detenidos (...) tenemos que ir obviamente con paso seguro pero pensando perfectamente las decisiones dentro del Tribunal, porque sino esto va a redundar en problemas hacia la ciudadanía, por eso insisto, no es que hemos estado lentos, hemos sido cautelosos".

Expuso que se ha avanzado en capacitación, en la propuesta de leyes de reformas, "para que podamos entrar en esta oralidad que tal parece va a ser total en el sistema dentro del Distrito Federal".

Aunque el ex consejero Alvarado advirtió que en el DF se ha carecido de voluntad política para avanzar en la reforma.

Expuso que el anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard "tuvo una visión política de ‘a mí no me va a tocar, no quiero cargar con esos costos, no le quiero invertir dinero y que lo haga el entrante', y Miguel Ángel Mancera tiene el problema de que quedan tres años y medio, vamos a estar a las carreras".

Además la anterior Asamblea Legislativa del DF no quiso asumir la responsabilidad de legislar en el tema y el consejo de Coordinación para la implementación de la reforma, que está instaurado desde más hace dos años jamás se ha reunido, "y eso habla también de voluntad política".

Se requiere liderazgo

Los expertos coincidieron en que la voluntad política es un factor crucial de la reforma.

"No es el elemento económico, no hay excusas en cuanto a recursos para que la reforma avance, hay recursos federales, locales, expuso Rabasa Gamboa.

"Pero si es muy importante el elemento político, el elemento de voluntad política.

En los países donde caminó bien, como es el caso de Chile, es porque el titular del Ejecutivo asumió cabalmente el liderazgo de la reforma (...) tienen que conjuntarse el legislativo y el judicial, pero alguien tiene que liderar el proceso y llevarlo y conducirlo hasta su fin", por lo que consideró que Peña Nieto debe liderar este esfuerzo a nivel nacional para que se concrete a cabalidad la reforma.

Sobre todo porque durante la administración anterior Felipe Calderón dio prioridad al combate al crimen organizado y a la lucha contra el narcotráfico, y pasó a un segundo término la reforma de los juicios orales.

El investigador del CIDE, Cruz Angulo destacó que "hay que ver los esfuerzos políticos de todos los actores que intervienen en la reforma para transmitirle a la sociedad que los fines del derecho penal, no son ni la venganza, ni la sanción, ni dejar guardado a alguien por 100 pesos, son estas particularidades que en Chile costaron tres contra reformas, porque la ciudadanía varias veces clamó la cabeza de los jueces por ciertas libertades".

Para Alvarado Martínez "la voluntad política, eso es todo, los recursos pueden ser limitados pero con ingenio se pueden hacer muchas cosas.

Uno puede ver el modelo en Baja California, costosísimo, instalaciones muy funcionales con muchísima tecnología y compararlas con las de Oaxaca y Morelos, que son muy modestas pero también muy funcionales, incluso el caso oaxaqueño es muy exitoso, con muy pocos recursos se hizo muchísimo", puntualizó.

(Agencia / El universal)