Crisis de libertad de expresión arriesga la democracia mexicana

Tal como describe con elocuencia Mike O’Connor, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), en el reciente informe anual Ataques a la Prensa, el silencio y la censura son cada vez más comunes en los estados mexicanos, producto del clima de temor e intimidación en el que trabajan periodistas y medios de comunicación cuando cubren temas sensibles.

O’Connor narra la situación en el estado de Zacatecas, donde los cárteles de la droga no han tenido necesidad de utilizar violencia letal como método para amordazar a la prensa, sino que ejercen control a través de amenazas y hostigamiento.
El resultado es devastador: la prensa se autocensura por miedo a represalias y la sociedad permanece desinformada.

La situación en Zacatecas no es aislada, sino que se repite en distintas zonas del territorio mexicano, según la investigación del CPJ.

Las reverberaciones de este fenómeno alcanzan al público en su conjunto y deterioran la calidad del sistema democrático. Una sociedad menos informada es, sin dudas, una sociedad menos democrática.
El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una agenda nacional cargada de temas importantes: la reforma fiscal, el futuro del vital sector energético, el desarrollo educativo y la lucha contra el narcotráfico son algunos de los principales desafíos de la flamante administración.

Para hacer frente a la violencia endémica, el gobierno anunció que modificará su política de combate contra el crimen organizado.

Si bien la propuesta se caracteriza por la falta de detalles, uno de los elementos centrales del plan es la creación de una nueva fuerza de seguridad nacional, denominada Gendarmería, diseñada para recuperar el control de las zonas dominadas por el narcotráfico.
Sin embargo, el gobierno federal será incapaz de conseguir avances concretos en cualquiera de estas áreas si los periodistas y los medios de comunicación continúan desarrollando su labor informativa en las condiciones actuales.

No existen garantías mínimas de seguridad. La prensa está amordazada, los temas que afectan la vida diaria de miles de mexicanos no reciben cobertura y el público no puede tomar decisiones informadas.

Representa, además, un desafío para los encargados de formular políticas públicas que muchas veces se informan a través de la prensa.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón la violencia generalizada ha diezmado a la prensa mexicana: más de 50 periodistas han sido asesinados o desaparecieron durante este periodo.

En marzo de 2012, después de años de campaña de grupos de libertad de prensa, el Senado aprobó una enmienda constitucional que otorga a las autoridades federales jurisdicción sobre crímenes contra la libertad de expresión.

Las leyes secundarias para implementar esta enmienda se encuentran bajo consideración del Congreso. Con un sistema de justicia penal disfuncional y un 90% de impunidad en los crímenes contra la prensa todos los ojos están puestos en el nuevo gobierno y sus esfuerzos para respaldar estas leyes en el Congreso de la Unión.
Esta crisis que afecta derechos humanos fundamentales es profunda y requiere atención inmediata.

Hasta el momento, salvo algún pronunciamiento esporádico, el gobierno no ha expresado un respaldo enfático a la labor de la prensa. Más allá de las declaraciones de apoyo, que son necesarias, el gobierno federal debe entender que esta crisis debería ser prioritaria en la agenda nacional.

La estabilidad del sistema dependerá, finalmente, de la recuperación de la capacidad de los medios de comunicación para informar con libertad y sin temor a venganzas.