Ciudadanía que transforma comunidades

Ciudadanía que transforma comunidades, es la idea fuerza que el Sistema Tecnológico de Monterrey ha estimado será el espíritu que impulsará su nuevo Instituto Latinoamericano de Ciudadanía, para asegurar que una visión humanística signifique un verdadero cambio que convierta al ciudadano en el protagonista de la transformación de sus realidades y entorno.

Esta decisión que refleja el compromiso de dignificar al ciudadano reconociendo la inviolabilidad de su ser como poseedor de derechos y libertades plenas, introduce al mismo tiempo un carácter dinámico y funcional trascendente, que asume con integridad que la ciudadanía se alcanza si se produce una relación vinculante que asegure la construcción del tejido social.

Una noción de ciudadanía basada en un sistema de valores democráticos, donde los derechos fundamentales impliquen la vigencia de la convivencia pacífica, está en el centro de la aspiración de comunidades en todo el continente que experimentan que el ejercicio de su ciudadanía es restringido y en el mejor de los casos está asociada a su condición de electores.

Pensar que la ciudadanía se agota en elegir o ser elegido es una respuesta frecuente en nuestros países. Sin embargo esta visión instrumental esta muy lejos de permitir que se asuman responsabilidades y deberes que eleven la voz y compromiso de las comunidades con la transformación de la sociedad, imprimiéndole un sello de ética ciudadana a cada conducta individual o colectiva.

Considerar al ciudadano sólo como un objeto receptor y portador de derechos sin lógicas de participación y compromiso, ha significado que amplios sectores de la población renuncien a incorporarse como actores del cambio y no contribuyan a valorizar la calidad de nuestras democracias.

Mas aún, una evaluación de los procesos, organizaciones y movimientos que pretenden exaltar la ciudadanía en Latinoamérica, demostraría que muy a pesar de los esfuerzos el déficit de compromiso es significativo y que la apatía, el individualismo o simplemente el desprecio por la participación es crítica.

La convicción de que la ética ciudadana es lo que determina el carácter de integridad de las instituciones, aparece como argumento para asegurar una transformación radical de los funcionarios públicos, para que asuman que la única razón de su existencia funcional es el servicio a los ciudadanos.

Al final, es el ejercicio pleno de los deberes ciudadanos lo que garantiza que el desempeño misional del Estado no pierda el rumbo ético y actúe con eficiencia, eficacia y transparencia.

Desde el momento que en el marco del Primer Foro Global de Ciudadanía el Sistema Tecnológico de Monterrey lanzó el Instituto Latinoamericano de Ciudadanía (ILC), se concibió como una instancia plural, incluyente y participativa donde su naturaleza y alcance tienen la aspiración de generar una energía convergente de buenas prácticas ciudadanas y consolide una plataforma integral, inspiracional y muy creativa que introduzca un movimiento que multiplique la confianza como valor esencial, que tienda puentes de entendimiento y tolerancia, y acerque la autoridad a los ciudadanos.

La construcción colectiva del Instituto se apoya en una historia de décadas del Sistema Tecnológico de Monterrey, que a partir de una visión con sentido humano y de emprendimiento, ha acumulado un capital social en áreas desde la investigación académica hasta el servicio social que prestan sus estudiantes a lo largo de sus carreras.

Avanzar en el propósito de superar paradigmas, de innovar en lógicas comunicacionales e integrar iniciativas y modelos de participación ciudadana, ha llevado al Tec a formar un grupo de consejeros de altísimo nivel que reflejan la pluralidad del ILC.

Contar con personalidades mexicanas de la talla de Adela Cortina, José Woldenberg, Cuauhtémoc Cárdenas, Blanca López Mariscal, José Morales, Arturo Zapata, Genaro Borrego y líderes globales como Fernando Savater, la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y Moisés Naím nos ha permitido constatar el interés y compromiso por generar desde México un impacto regional Latinoamericano.

Valorizar al ciudadano implica igualmente abrir espacios para que la expresión de los jóvenes transforme con su vitalidad las comunidades.

El ILC comprende bien que el futuro está en manos de las nuevas generaciones, son ellas y su liderazgo emprendedor quienes acumulan el potencial para que el Estado de derecho no sea un enunciado retórico en la Constitución, y por el contrario se traduzca en una vivencia digna.