Rosario Green

Reforma migratoria

Recientemente pasó por la ciudad de México el senador republicano John McCain, coautor de aquella reforma migratoria que casi se coronó con éxito en 2005.

Si bien manifestó su confianza en que para marzo podría lograrse una reforma migratoria, cuyo contenido no develó, centró su interés en temas de seguridad.

Con el presidente Peña Nieto coincidió en la necesidad de que los dos países trabajen juntos a fin de contar con una frontera “cada vez más segura y eficiente”.

Igualmente expresaron sus deseos de estrechar los vínculos entre México y el estado de Arizona, al que representa el senador McCain, donde se han adoptado medidas que vulneran de manera especial a los mexicanos indocumentados.

Mantengo una posición ambivalente frente a esta visita.

Por un lado, reconozco que efectivamente hace años McCain era casi promigración. Sin embargo, sus continuas referencias en esta visita a México respecto a que desconoce a los jefes de los cárteles de Chicago, Los Ángeles o Detroit, pareció transparentar algo más que curiosidad.

Para empezar, estoy convencida de que los estadounidenses conocen perfectamente bien dónde están y dónde operar las llamadas “sucursales” de los cárteles mexicanos de la droga.

Ese mapa existe. Lo he visto. Pero además sus referencias se salieron del tema ya aceptado por Obama, de garantizar una “frontera segura” como parte de su reforma migratoria integral.

No se trata de un simple sospechosismo, sino de aceptar una lamentable realidad.

Un informe publicado por el Congreso de EU pone en duda la estrategia de seguridad planteada por el gobierno del presidente Peña Nieto, particularmente por lo que toca al combate directo al crimen organizado.

Ante la estrategia mexicana de no negar ni la violencia ni la delincuencia, pero poner mayor atención en la prevención social de estos fenómenos, Estados Unidos reacciona mal.

Inclusive, el mencionado informe señala que a consecuencia de esta política pública podrían darse tensiones en los esfuerzos estadounidenses para combatir a las organizaciones criminales trasnacionales.

Y va tan lejos que concluye: “Cualquier intento del gobierno de Peña Nieto de negociar con grupos criminales o legalizar ciertas drogas despertaría sin lugar a dudas las preocupaciones en el Congreso”.

No deja de sorprender la tranquilidad con la que se busca imponer al gobierno mexicano una camisa de fuerza y resulta inclusive irónico, pues quienes han legalizado el consumo de mariguana no hemos sido, por cierto, los mexicanos.

Estoy segura de que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico es necesaria y es un acto de corresponsabilidad.

Sin embargo, compete única y exclusivamente al gobierno mexicano establecer los cánones en los que esa cooperación puede ser recibida, de la misma manera que compete únicamente a Estados Unidos definir el monto y la forma de su cooperación con México.

De ahí que surjan, por lo menos en mi caso, algunas dudas respecto a la libertad con la cual la reforma migratoria integral que propone el presidente Obama habrá de darse y si su procesamiento establecerá un quid pro quo que habrá que repensar antes de aceptar.

Nos encontramos en un momento particularmente importante.

Obama está dispuesto a cumplir su compromiso con los hispanos y quiere pronto una ley, pese a que un sondeo de Reuters/Ipsos revela que más de la mitad de los estadounidenses cree que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes ilegales que hay en el país debería ser deportada y el grupo de los ocho legisladores que trabajan en el tema resienten la amenaza del Plan B del presidente. Habrá que hilar muy fino.