El Estado y la reforma del sector petrolero

Desde hace varios meses se ha debatido en torno a la inminencia de una nueva reforma energética, con acento en el sector petrolero. Además del necesario acuerdo entre los principales actores políticos, el éxito en la ejecución de una eventual reforma, depende de una clara visión y voluntad del Estado mexicano.

Esta voluntad integral del Estado como tal y no solo del gobierno, es necesaria porque la implementación de la reforma es compleja, como parece, empieza a construirse un cierto consenso en torno a la necesidad de aligerar el régimen fiscal de Pemex, al tiempo de dotarlo de mayores márgenes de autonomía presupuestal.

De hecho, si uno de estos tres factores no fuera incluido en la tan anunciada reforma, ésta terminaría por quedar coja y tropezar en el mar de inconsistencias que se generarían.

Veamos porque. En primer lugar, parecería quedar clara la necesidad de aligerar un régimen fiscal que se engulle todos los rendimientos de Pemex antes de impuestos.

En los siete ejercicios fiscales comprendidos entre 2006, año en que entró en vigor la reforma fiscal realizada en 200, y el pasado 2012, solo en dos Pemex obtuvo un rendimiento neto positivo después de impuestos: precisamente en los extremos del período 2006 y 2012.

Ahora bien, el año pasado obtuvo un nivel récord de ingresos (alrededor de 1.6 billones de pesos) y sin embargo su rendimiento neto después de impuestos fue de algo menos de 5 mil millones de pesos.

En el caso del ejercicio 2006, influyó el hecho de que recién se había abrogado el anterior régimen fiscal, irónicamente conocido como RED, por lo que las premisas básicas sobre las cuales se construyó el actual andamiaje fiscal estuvieron muy cercanas a la realidad.

La autonomía presupuestal se revela como necesaria ante el insistente activismo de la Secretaría de Hacienda para contener los niveles de inversión de Pemex, por un lado; y por otro, para imponer una lógica financiera de corto plazo por encima de una visión industrial de largo plazo.

A partir de una interpretación abusiva del Reglamento de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, se ha decidido limitar la inversión de Pemex a 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto.

A partir de este criterio la SHCP, al momento de enviar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013, a la Cámara de Diputados, decidió recortar en 33 mil millones el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración de Pemex.

Este recorte afectó en 7 mil 760 millones de pesos el gasto de operación de Pemex Exploración y Producción y el resto (más de 25 mil millones de pesos) el gasto de operación e inversión de las subsidiarias que realizan la transformación industrial.

Es decir, de nueva cuenta el viejo expediente de privilegiar la actividad de renta frente a la producción de derivados.
Esto que puede tener sentido pensando en el presupuesto de un año, se vuelve completamente irracional bajo una perspectiva de mediano y largo plazo.

Nuestra dependencia en materia de gasolinas y petroquímicos está ahí para recordárnoslo.
Por último, la autonomía de gestión es necesaria para que Pemex pueda entre otras cosas, incorporar y gestionar sus recursos humanos y materiales con un sentido de empresa.

A partir de los elementos esbozados arriba podemos colegir que si hubiera una reducción de la carga fiscal pero la Secretaría de Hacienda pudiera seguir limitando la capacidad de inversión o regulando inadecuadamente los recursos humanos y materiales de Pemex, no se habría ganado demasiado en la ruta de convertir a nuestro organismo público descentralizado en una empresa pública de carácter productivo.