La reforma de telecomunicaciones y la “mano” de la industria

La industria de la radiodifusión obtuvo un éxito político en las últimas horas de la negociación de la reforma de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados.
Por una parte, lograron la incorporación de la cláusula de la reciprocidad en la inversión extranjera directa en radio y televisión abiertas, lo que aleja la posibilidad de que empresas de otros países destinen sus recursos en ambas industrias culturales y más aún en un sector tan concentrado como el de México.

¿Esto es benéfico o no? Yo creo que sí, pero en todo caso era una demanda de los radiodifusores, que no coincidía con la posición del gobierno saliente de Felipe Calderón ni de la Cofetel.
También, los empresarios del sector pudieron influir en un elemento muy técnico, pero relevante para su causa.

La iniciativa decía que el Ejecutivo federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en el proyecto sectorial, “un programa de trabajo para disminuir la separación entre estaciones de radio y televisión conforme a la práctica internacional y para una red nacional de banda ancha”.
Muchos pensamos que esto podría derivar en la desocupación de frecuencias, en el caso de la televisión, para ser destinadas a la banda ancha móvil (como sucede en EU) y, en el caso de la radio, en la modificación de la norma para disminuir la separación de 800 KHz a 400 KHz entre dos emisoras de FM en operación, con el fin de abrir espacios para nuevos jugadores en este medio.
Pero no ocurrió así.

De último momento se logró convertir todo aquello en “un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y de televisión”.
“Disminuir la separación” a “reorganizar”, no son verbos similares.

Así que la posibilidad para que concesionarios y permisionarios de AM tengan una FM, con base en el acuerdo de transición calderonista, del 15 de septiembre de 2008, se ve todavía lejana, ya que para ello hace falta el programa gubernamental y luego modificar la norma.
No fue lo único que pudo alcanzar la industria.

La obligación de “dar espacio a las obras de producción independiente” sólo quedó establecida para el organismo público de radiodifusión que será creado por los legisladores y no, como lo llegaron a proponer algunos diputados, también de manera obligatoria para las empresas de radio y televisión.
También, no se explica por qué fue extendido de 120 a 180 días el plazo para que el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones publique las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisión abierta.

Por lo tanto, si bien nos va, tendremos nueva oferta de televisión abierta en un par de años. Televisa y TV Azteca ganan un valioso tiempo para consolidar su alianza.
Finalmente, en el tema de la retransmisión de los canales abiertos en los sistemas de televisión de paga, la propuesta del PRI de excluir abiertamente de este beneficio a Dish, empresa de MVS Comunicaciones y Echostar, no prosperó.

Qué bueno. Sin embargo, el agregado que se hizo al dictamen en el sentido de que el Instituto “sancionará con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan”, es tan ambiguo que en la práctica podía acotar la posibilidad de Dish de retransmitir los canales abiertos.
¿Telmex se puede beneficiar directa o indirectamente de que Dish retransmita las señales de Televisa y TV Azteca? Pues sí, porque por ejemplo, esto puede ser considerado un incentivo para incrementar el número de suscriptores de la empresa satelital y a su vez repercutir en un incremento de las comisiones que cobra Telmex por cada cliente nuevo.

De cualquier manera, corresponderá al Instituto determinar lo procedente con esta retransmisión en el marco de la alianza comercial que tienen ambas empresas.
Pese a todo lo anterior, coincido que es en general una buena reforma y que todas estas inconsistencias podrán ser corregidas en la reforma integral que deberán hacer los legisladores.