Alejandro Gertz Manero

Impunidad y “autodefensas”

En los últimos días se ha señalado frecuentemente en los medios la multiplicación de “policías comunitarias” y de “grupos de autodefensa” en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Estado de México y en otros ámbitos del país, generando también profundas polémicas en razón de sus actividades, que se traslapan y contraponen en muchas ocasiones con funciones de policías municipales, estatales y de autoridades federales.

Este no es un asunto nuevo, ya que en el estado de Guerrero y en otras localidades estos grupos de “policías comunitarios” tienen muchos años de existir, e inclusive han estado armados, según lo reportaba hace más de 10 años la Secretaría de la Defensa; y lo que ahora ocurre es que estos grupos se han multiplicado, se han pertrechado aún más y están realizando tareas que cuestionan y deterioran la imagen del poder público y de la gobernabilidad en el país.

El mismo caso se ha venido dando con la multiplicación de “las policías privadas” y empresas particulares de seguridad, que ya suman cientos de miles de personas que realizan tareas de prevención en la seguridad pública, cuidando y “protegiendo” instalaciones, vehículos de carga y personas, mientras muchos vecinos en zonas urbanas se “autoprotegen” cerrando calles, poniendo portones y hasta “enrejando” sus giros comerciales para evitar ser robados y asaltados.

Este fenómeno de sustitución de las funciones que tiene como obligación primordial ejercer el gobierno, no es más que la consecuencia de una inmensa multiplicación de delitos del fuero común, fundamentalmente el robo, la extorsión y el secuestro; y del fuero federal con el narcotráfico y el crimen organizado en todas sus variantes, con la consecuente impunidad que en México se ubica entre 98 y 99% de los delitos cometidos.

Según el INEGI, la cifra negra de ilícitos penales posiblemente llegue a casi 20 millones al año, de los cuales en términos generales sólo 1 millón y medio son denunciados y de ahí únicamente entre 1 y 2% llegan a ser castigados, lo cual indica el nivel de desprotección en el que está la comunidad nacional y explica también la razón por la cual se ha venido generando este sistema alterno de seguridad, que descalifica y evidencia a todo el aparato oficial de seguridad y justicia del país.

En este ámbito no hay que olvidar que la Constitución, en su artículo 1, garantiza los derechos humanos de todos los habitantes del país, y en el caso de los pueblos indígenas reconoce su libre determinación para organizar su convivencia, mientras que el artículo 9 señala que no podrá coartarse el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente para cualquier objeto lícito, para que luego el artículo 16 señale que cualquier persona puede detener a quien esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido para ponerlo a disposición de las autoridades, y luego el artículo 10 señala que los habitantes de nuestro país tienen derecho a poseer armas en su domicilio y que la portación de ellas será determinada por la ley; en el artículo 115 se dice que la función de seguridad pública le corresponde esencialmente a los municipios, y el artículo 21 lo vuelve a ratificar.

Como puede observarse, la ley obliga a las autoridades a cumplir con las tareas de prevención, y también faculta a los ciudadanos para detener a quienes delinquen poniéndolos a disposición de las propias autoridades; por lo tanto, los ciudadanos pueden asociarse para defenderse y sólo la portación de armas requiere un permiso específico.

Frente a toda esta realidad que incluye el incremento delictivo, la impunidad, el derecho a defenderse y la obligación de cumplir con la ley, existe un gran vacío, que es el de brindar seguridad y justicia por parte del gobierno, que al incumplir con esa tarea ha generado un crecimiento desmesurado del delito, y de la impunidad, fomentando así la creación de fórmulas de autodefensa que fluctúan entre el derecho a la supervivencia y el quebrantamiento a la ley, ya que dichas estructuras ciudadanas pueden caer con mucha facilidad en el abuso o en la manipulación de delincuentes o de caciques; mientras que lo mismo ocurre con las policías de todos los niveles.

Si el gobierno, más allá de promesas y golpes efectistas, sigue incumpliendo con sus obligaciones fundamentales en seguridad y justicia, la autodefensa se multiplicará.