Erik Legorreta
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Por ello, en la discusión de una Reforma Energética que abra a la competencia sectores como la refinación, petroquímica y transporte, no podemos soslayar la relevancia del componente nacional en la cadena de valor de Pemex: casi 50 mil empresas y un millón de empleos directos e indirectos.
Para todos los que formamos parte del día a día de la industria petrolera, está claro que México puede potenciar al sector energético a partir de la competencia: convertir las reservas en patrimonio y hacer de Pemex una empresa pública poderosa y eficiente.
El consenso sobre el diagnóstico energético es amplio, y la Estrategia Nacional de Energía —presentada por el presidente Peña Nieto— es una radiografía útil del sector.
Sin embargo, para las empresas mexicanas proveedoras y contratistas de Pemex, es prioritario que al debate energético se integren conceptos como contenido nacional, transparencia, testigos sociales activos, eficiencia y registro, certificación, institucionalización y estandarización.
¿A qué me refiero? A darle oportunidad a la industria mexicana de participar de forma activa en el sector: La insistente referencia al caso Petrobras, ha de incluir el fortalecimiento de asociaciones privadas nacionales para que se constituyeran en vínculo entre contratistas y la petrolera brasileña.
Cuando hablo de transparencia, refiero a propiciar la participación de los organismos especializados y representativos en los Comités de Adquisiciones, con el fin de dar certeza a la industria nacional, en términos de la viabilidad y ejecución de proyectos por Pemex.
En cuanto a tener testigos sociales activos, el argumento se sustenta en que los organismos especializados representativos del sector tengan voz en momentos de conflicto en procesos de licitación.
En esta línea, la discusión de la Reforma Energética debe promover la eficiencia y el debido registro de los proveedores de Pemex.
¿Cómo hacerlo? Propiciando la creación de un Comité de Evaluación de proveedores que tenga un registro del desempeño de cada empresa en proyectos previos, y que la evaluación del Comité sea considerada en licitaciones.
El incentivo es claro: contratar a quienes cumplan al hacer eficiente a Pemex.
La industria petrolera nacional no puede aplazar el desafío de la institucionalización.
Me refiero a diseñar esquemas abiertos en los que los proveedores de la paraestatal puedan construir relaciones con áreas de interés, transparentando procesos.
Por último, se deben acompañar desde la iniciativa privada, los esfuerzos de Pemex en materia de Responsabilidad Social Corporativa y transición energética.
Si queremos un sector petrolero a la altura de los retos del país, la Responsabilidad Social Corporativa debe ser un estándar en la industria.
Abriendo el sector a la participación de la iniciativa privada manteniendo la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos, no es excluyente con la visión de Estado de 1938: potenciar la capacidad del Estado para financiar desarrollo a partir de un aprovechamiento eficiente y soberano de petróleo.
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