A propósito del Día Mundialde la Salud

Sin duda la atención a la salud de la población es un tema central de política pública en cualquier país del mundo, aunque la forma en cómo se ha atendido este asunto en cada país es muy diversa.

Podemos encontrar extremos como ocurre entre Estados Unidos y el Reino Unido, en donde en el primero domina un esquema basado en el sector privado mientras que en el segundo, el servicio público es central.

En México, el derecho a la salud se incorporó a la Constitución y se buscó construir un Sistema Nacional de Salud bajo la rectoría del Estado.

Si bien se ha avanzado en las décadas pasadas, los resultados aún dejan mucho que desear y existe una amplia agenda pendiente que debe abordarse si queremos contar con un verdadero Sistema Nacional de Salud con cobertura total, que cumpla con sus objetivos y que sea financieramente sustentable en el largo plazo.

En la actualidad, nuestro SNS se encuentra fragmentado, ofrece servicios de distinta calidad y es inequitativo. Dejando de lado el componente privado en la oferta de estos servicios de salud, tenemos por un lado instituciones públicas que ofrecen servicios bajo un esquema contributivo para la población asalariada formal tanto del sector público como del sector privado, así como a sus familiares.

Aquí destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los programas de Pemex y las fuerzas armadas.

Por otro lado tenemos los servicios ofrecidos por la Secretaria de Salud a la población no cubierta por los programas anteriores, y en donde destaca el conocido como Seguro Popular.

Como ya he señalado, a pesar de los avances, aún existen importantes problemas. Tres diagnósticos recientes, del Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud, la Fundación Mexicana para la Salud y del Centro de Estudios Espinosa Yglesias coinciden en señalar la complejidad y fragmentación del SNS ofreciendo protección incompleta y de manera inequitativa entre la población afiliada a la seguridad social y aquella afiliada a la protección social.

Un tema importante es el de calidad de los servicios y de la infraestructura, que es muy heterogénea. Finalmente se hace referencia a los aspectos de cobertura efectiva y acceso efectivo sobre los cuales no se tiene una medición adecuada.

A pesar de que se ha producido un aumento en afiliación y cobertura, el acceso efectivo, entendido como la relación entre la comunidad y el sistema de salud parece mostrar aún serios rezagos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2012, aproximadamente 25% de la población no se encontraba aún cubierta por algún esquema de seguro público.

Es decir, la cobertura universal aún no se ha alcanzado siendo uno de los principales pendientes. Un aspecto a destacar es el referido al gasto que realizamos los mexicanos por nuestra cuenta para cubrir servicios de atención médica.

Este gasto se denomina de “bolsillo” y es una forma ineficiente e inequitativa de financiar estos servicios. De acuerdo a esta encuesta, este gasto puede representar casi la mitad del costo total de esta atención en nuestro país.

El problema serio es cuando nos enfrentamos a un evento “catastrófico”, ya que simplemente puede significar la ruina de un individuo y su familia.

En este sentido es necesario y urgente proceder a una reforma seria y profunda de nuestro sistema público de salud para recomponer este SNS y lograr el acceso “efectivo” para toda la población.

Su calidad debe de aumentar y buscar ser homogénea para evitar inequidades así como el tener que recurrir a servicios privados. Debe racionalizarse la oferta de estos servicios y definir de una manera más clara su estrategia bajo la rectoría del estado, en cuyo caso estos estudios coinciden en señalar que debe priorizarse la atención primaria y la prevención.

Pero de manera importante, es necesario garantizar su viabilidad financiera en el largo plazo. Baste recordar que el cambio en la estructura demográfica de la población, que significa un cambio en el tipo de padecimientos dominantes, conllevará a aumentos sustanciales en los costos de estos servicios en el mediano y largo plazos.

Si no se reestructura el SNS, no existirá presupuesto posible que permita hacer frente a esta nueva realidad. La universalización de los servicios no significa sólo ampliar programas como el del Seguro Popular, sino darle racionalidad a todo el sistema para lograr una mayor eficiencia, calidad y acceso efectivo y garantizar su financiamiento.

La solución no puede limitarse a acciones o medidas parciales que sólo prolonguen la agonía del sistema.
Cabe mencionar que el nombramiento de la doctora Mercedes Juan al frente de la Ssa parece ser un mensaje positivo sobre las intenciones de la actual administración en esta materia, en la medida que ella ha sido una de las principales impulsoras de estos cambios cuando estuvo al frente de FUNSALUD.

Habrá que esperar a ver si sus propuestas no sólo se quedan en el papel y logran convertirse en una realidad.