José González Morfín

Legalidad: el pacto pendiente

La tarea del legislador consiste en brindar a la sociedad leyes para una convivencia más ordenada basada en principios de justicia. Sin embargo, cuando la autoridad carece de la voluntad o de la capacidad para aplicar dichas leyes se rompe el pacto social y se corre el riesgo de que la impunidad se convierta en la verdadera gobernante.

Estas semanas atestiguamos acontecimientos que sugieren que los días dorados de la impunidad han vuelto. Uno de los casos que más polémica ha provocado fue el uso de la Cruzada Nacional contra el Hambre para fines electorales en Veracruz.

Ya se advertía en este espacio del riesgo de que tal programa resultara una estrategia electoral con barniz de justicia social. Los peores temores se confirmaron a través de grabaciones donde funcionarios priístas dan cátedra de cómo lucrar políticamente con la pobreza.

Se ha separado de su cargo a algunos funcionarios, pero de haber justicia y legalidad las renuncias alcanzarían otros niveles.
Otro caso sumamente preocupante han sido los actos vandálicos protagonizados por miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

Las autoridades municipales, estatales y federales parecen haber abdicado de su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y han permitido que este grupo cometa ilícitos ante la mirada atónita de la ciudadanía, la mayoría de las veces en indefensión.

Lo mismo ha ocurrido en Michoacán con presuntos maestros, quienes han saqueado camiones repartidores y han bloqueado carreteras durante sus manifestaciones, o con un grupo de jóvenes que, escudados en el anonimato, “tomaron” las instalaciones de la Rectoría de la UNAM.

En ningún caso actuó la autoridad.
Ninguna demanda social es lo suficientemente válida como para aceptar a la violencia como medio para dirimir los conflictos; permitir estas prácticas implica un retroceso y manda la señal de que en nuestro país se puede pisar los derechos de terceros por intereses de particulares.

Un ejemplo más, que incluso retomó la prensa internacional, fue el vergonzoso incidente protagonizado por la hija del titular de la Profeco, quien instruyó la clausura de un restaurante porque no le dieron el trato especial que quería.

En cualquier nación civilizada este escándalo hubiera llevado a la renuncia o remoción inmediata del titular de la dependencia. Pero esto es México, y una disculpa insincera por Twitter parece ser suficiente.

Es irónico: La Profeco debe defender al ciudadano, pero así las cosas, ¿quién va a defender a los ciudadanos de la Profeco?
Estos hechos no son aislados.

Cuando en una sociedad los funcionarios gubernamentales son los primeros en no aplicar, torcer o de plano violar la ley y no hay consecuencias, no sólo se debilita el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados: también se pierde la autoridad que los primeros deben tener para poder aplicar la ley cuando los segundos la quebrantan.

Durante años, la arbitrariedad, el abuso y la negociación de la ley como forma de gobierno debilitaron la legitimidad del Estado para implantar el imperio de la justicia.

Se violaba la ley en aras de una supuesta efectividad para mantener las cosas funcionando relativamente bien. Corruptos pero eficaces, era su lema.
No podemos permitir que México regrese a esa manera de concebir el ejercicio del gobierno.

La legalidad es la única vía para revertir la cultura del “tú no sabes quién es mi papá”; del “no te preocupes, Rosario”; del “investigaremos hasta las últimas consecuencias” sin que nada pase.

Demasiado daño ya ha hecho a nuestro país la simulación de la legalidad. Quienes anhelamos un México más justo debemos considerar a la impunidad como el mayor obstáculo a superar para alcanzar el verdadero desarrollo de nuestra nación.

El pacto que realmente necesita México es el pacto de nuestros gobernantes, y de todos los ciudadanos, con la legalidad, pero ese sigue pendiente.