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Accidentes viales ocurren en cualquier parte del mundo, pero consecuencias de la magnitud de la ocurrida la madrugada del martes —luego de que una pipa de gas explotó y mató a 24 personas— habrían sido prevenidas si México fuera un país donde las leyes priorizan la seguridad y donde éstas se cumplen.
Por la ampliación de dos a cuatro carriles de la vialidad en esa zona de Ecatepec, en 2008, la distancia entre las viviendas y la autopista fue reducida significativamente.
La ampliación estuvo dentro de la norma, pero ésta tendría que haber considerado la seguridad antes que la conveniencia carretera.
Más allá de los resultados que arrojen las investigaciones en torno al conductor, a la empresa Termogas, o al resto de los involucrados, existen muchas responsabilidades por lo ocurrido esta semana que datan de años atrás.
Por negligencia o corrupción se crearon las condiciones propicias para una tragedia.
El que la ley no cubra todas las posibilidades no libera a las autoridades de usar el sentido común.
Una vía rápida jamás debería estar a centímetros de una casa y esta confluencia se permitió cada vez que ambas, viviendas y autopista, se acercaban más.
Hay bodegas, gasolineras, fábricas, un parabús, y hasta una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un punto carretero donde toneladas de fierros a alta velocidad circulan todos los días.
Puede ser que la mancha urbana haya crecido de manera tan caótica que fuera imposible prever las consecuencias décadas atrás, cuando se instalaron los centros de recepción de hidrocarburos.
Eso no justifica el echo de que cada nueva administración se cruzara de brazos ante un riesgo que resultaba inminente.
La responsabilidad de las autoridades, hoy, radicaría en hacer algo para corregir los errores cometidos años atrás.
Además hay mucho por hacer en varias ciudades del país donde ese crecimiento desordenado, que condenó a Ecatepec, se sigue presentando.
Se permiten invasiones de terrenos, construcciones habitacionales en zonas de riesgo, circulación de vehículos a alta velocidad y en carriles prohibidos.
La reubicación de familias no exenta a las autoridades de tomar acciones que corrijan el caos y que lo prevengan ahí donde todavía es posible hacerlo.
Vidas serán salvadas si se actúa, hoy, contra la displicencia del pasado.
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