Eduardo Sánchez Hernández

Informar sin exaltar a los delincuentes

El manejo de los datos relacionados con temas de seguridad constituye todo un reto. Por un lado, es preciso que la sociedad tenga información oportuna, precisa y confiable de los indicadores de la materia; y por el otro, es necesario poner atención en que la forma de presentarla no constituya una exaltación de sus actividades.

Es público y notorio que existen muchos lugares en nuestro país donde las condiciones de violencia, promiscuidad, marginación y muchas otras de diversa índole, han sido —y siguen siendo— propicias para la formación de delincuentes; y es bien sabido también que muchos jóvenes se sienten atraídos por el espejismo de la riqueza y el poderío —siempre efímero— mostrado por los criminales.

Los riesgos, sacrificios y vicisitudes que cotidianamente viven policías, soldados y marinos no son menores ni mucho menos sencillos. La tarea de enfrentarlos es realmente complicada y relevante.

Sin embargo, no es admisible que las autoridades, en el manejo de la información relacionada con los criminales, los presenten como una élite destacada y encomiable.

Las fronteras de la apología del delito y de la violencia tienen qué ver muchas veces con la presentación de presuntos delincuentes sonrientes y desafiantes; con la exhibición de mesas repletas de dinero, armas largas, pistolas, cartuchos y granadas, así como la exposición de su riqueza.

Los códigos de los delincuentes encuentran en los nombres de sus bandas y sus apodos elementos de distinción y orgullo, al grado que muchos de ellos utilizan emblemas y logotipos ampliamente difundidos por las autoridades.

Estas circunstancias abonan en beneficio de los criminales, en perjuicio de la ciudadanía y en abono de quienes obtienen jugosas ganancias por este río revuelto al que de un tiempo para acá identificamos como inseguridad pública.

Bajo esta óptica debe quedar claro que el cuidado que debe existir para no hacer apología de la violencia no puede ser pretexto para dejar de informar, para atenuar la información u omitirla.

El propósito es informar, hacerlo bien pero sin exaltar a los delincuentes ni a sus actividades.
Cuántas veces vimos presentaciones espectáculares de arrestos de delincuentes que nos los mostraban cínicos y retadores frente a las cámaras que les disparaban una y otra vez las luces de los flashes tal cual se estila con celebridades.

Cuántas veces los vimos sonrientes al tiempo que eran flanqueados por policías temerosos, embozados, sobreequipados y solícitos. Los mexicanos presenciamos, en más de una ocasión, la liberación de presuntos delincuentes en razón de violaciones —por parte de autoridades— al debido proceso judicial, que impidieron que los jueces entraran al fondo de cada caso, con las consecuencias y los graves daños de credibilidad que estas pifias ocasionaron.

Construir un México en paz requiere atender cuestiones de fondo y de forma. Los actos delincuenciales que son del conocimiento de las autoridades deben conocerse por los ciudadanos —a menos que la ley disponga lo contrario—, así como las acciones para neutralizar a los criminales; para prevenir el delito; para reconstruir el tejido social y alentar la participación ciudadana.

Lo que no se vale es que la tarea de informar exalte y haga apetecibles actividades repugnantes y peor aún, convertir a las autoridades en propagandistas de los peores enemigos de cualquier sociedad civilizada.

La comunicación de los delincuentes fue sumamente efectiva en su momento. Las llamadas “narcomantas” y “narcomensajes” constituidos en escritos o a través de cuerpos humanos salvajemente ultrajados cumplieron con el propósito de aterrorizar a la sociedad y hacer sentir que las “fuerzas del mal” —como algunas veces los llamaron— tenían preeminencia sobre los poderes constituidos del Estado.

Cada persona —y cada cosa— debe tomar el lugar que le corresponde. Los delincuentes son generadores de conductas antisociales que deben ser castigados conforme a las leyes penales.

A las autoridades corresponde brindar condiciones de seguridad, respetar los derechos humanos, ser eficientes en la procuración de justicia e informar a la población.

La comunicación social gubernamental no puede ser un instrumento de comunicación del crimen ni panfleto de propaganda política. Los espectáculos quedan fuera de esta ecuación.