Porfirio Muñoz Ledo
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De ahí surgió la iniciativa de una nueva constitucionalidad, no como una serie inacabada de modificaciones a la norma suprema, sino como una arquitectura completa y equilibrada.
Surgió como asunto central la cuestión del régimen de gobierno; esto es la conveniencia de reemplazar el presidencialismo por un sistema parlamentarizado.
En todas las agendas y debates han prevalecido la idea de un régimen semipresidencial y la de un gobierno de gabinete, ahora llamado “de coalición”.
En ambos casos se trataría de que el Congreso votara a los miembros del gobierno, quienes a su vez tendrían responsabilidad política frente al Legislativo y podrían ser removidos por el mismo.
Nos hemos inclinado por el modelo semipresidencial, que marcaría una distinción más nítida entre la esfera del Estado y la del gobierno propiamente dicho.
No hay un sistema constitucional idéntico a otro y podrían imaginarse diversos matices que identificaran al nuestro. Lo esencial es que el gobierno disponga de mayorías claras para desempeñar sus funciones y que exista ante la opinión ciudadana una distinción transparente entre éste y la oposición.
Por alguna razón tanto los integrantes del Pacto por México como el Congreso están retrasando una vez más ese cambio fundamental que podría replicarse en la esfera de las entidades federativas y del que depende el sentido de un número importante de reformas políticas que se encuentran agendadas.
Pareciera que se complacen en prolongar un periodo de acuerdos precarios, que están sujetos a las pugnas derivadas de las elecciones locales, en las que los aliados nacionales resultan adversarios, contribuyendo así a un mapa político extremamente confuso.
Resulta evidente que la naturaleza del régimen de gobierno es determinante para conformar el sistema de partidos políticos predominante en cada país.
A la inversa sólo prolongaríamos la incertidumbre actual, salvo que se esté pensando en la restauración de la hegemonía de un solo partido.
Comenzar por el cambio de régimen, antes de proceder a una nueva legislación sobre los partidos, sería un método adecuado para garantizar la profundización del pluralismo democrático y a la incorporación activa de los ciudadanos en la vida pública.
Las nuevas reglas de juego deberían privilegiar la identidad programática y ética de los partidos así como su democratización interna y proscribir tanto el dispendio como el empleo de los recursos y las políticas públicas para la compra y la coerción del voto.
El fin último de toda reforma política debiera ser la creación de una ciudadanía alerta e informada, a lo que podríamos llegar con el concurso de la era digital en marcha.
De ahí que la legislación sobre participación ciudadana sea un módulo esencial. Establecer con claridad las normas para el ejercicio de la democracia directa: las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana, la consulta popular y la revocación del mandato.
Desarrollar también las modalidades de intervención directa de los ciudadanos en el diseño, gestión y evaluación de los servicios públicos.
La incorporación sistémica de los beneficiarios a la administración de las prestaciones de las que son acreedores.
La reforma federalista es un tema en el que poco se insiste y las tendencias prevalecientes más parecieran apuntar hacia un reforzamiento del centralismo, tanto del gobierno federal hacia las entidades de la unión, como de los gobiernos estatales hacia los municipios.
Los problemas de seguridad y de endeudamiento público tienen otras vías de solución que residen en reformas fiscales equitativas, reforzamiento de las autoridades locales y empoderamiento de los ciudadanos.
La reforma política del Distrito Federal es una asignatura pendiente de gran calado. La devolución plena de sus derechos soberanos a quienes los han visto disminuidos por razones de residencia.
El reconocimiento pleno como entidad federativa a la ciudad de México y competencia para dotarse de una constitución. Para poder avanzar, lo primero es la transformación política del país.
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