Esfuerzos no son resultados

Mientras una política social no sea evaluable en cuanto a su capacidad de mover indicadores de pobreza, sus alcances serán como hasta ahora en México: deficientes, y los recursos públicos malgastados.

Esfuerzos no son resultados.

Hoy tenemos el mismo porcentaje de pobres que teníamos en los 80, y en programas sociales hemos atestiguado la transformación de nombres, modos de operación, anuncios de blindajes electorales y hasta de coberturas históricas que más bien parecen una justificación ante el visible deterioro de la calidad de vida de millones de familias.

De acuerdo con la evaluación que en 2012 publicó el Coneval, la población con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% en 2008 a 24.9% en 2010: 4.2 millones de personas más.

De ahí la importancia de que la actual estrategia federal de combate a la pobreza cuente con una visión autocrítica e incluyente. Destaca el hecho de que será evaluada de manera externa, anual y con indicadores, para evitar que dentro de seis años volvamos a enterarnos del gran esfuerzo y de los pocos resultados.

Otro aspecto fundamental es la coordinación intersectorial prevista entre 19 dependencias, órdenes de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada.

No obstante, hoy se discute la presunta utilización de la Cruzada contra el Hambre con fines electorales y se hacen reclamos en los que, por cierto, se omite la existencia de evidencias que en 2011 y 2012 demostraron una estructura de operadores electorales desde el gobierno federal en estados como Aguascalientes, Campeche, Nayarit y Michoacán, por mencionar algunos.

Corresponde a las autoridades competentes deslindar responsabilidades y estamos de acuerdo: nadie puede ni debe lucrar con la necesidad de quienes menos tienen.

Al resto, además de actuar con apego a la ley, nos toca mirar hacia adelante, ahora que mediante el adéndum al Pacto por México las diferentes fuerzas políticas del país han expresado su voluntad para transparentar el funcionamiento y operación de estos programas y castigar a quienes cometan delitos electorales medrando con la pobreza.

Estas acciones marcarán un hito en la historia de nuestro país, porque se trata del primer gran blindaje legal contra el uso electoral de los recursos, mismo que será público y transparente, pues se prevé auditar padrones de beneficiarios, así como la profesionalización e imparcialidad de operadores de programas sociales, entre otras acciones.

Lo que llama la atención es que aun con los 11 enunciados a los que se han comprometido públicamente los firmantes del Pacto, en el DF se mantenga la resistencia para que se incluya a los habitantes de este territorio en la Cruzada contra el Hambre.

Si el Distrito Federal no es la excepción en cuanto a rezagos sociales y ha construido una exitosa red territorial para sus políticas respectivas, ¿qué se teme?, ¿vendrá luego el argumento de sentirse “ciudadanos de segunda” porque no llegó la atención federal que, de antemano, se propone en estrecha coordinación con el gobierno capitalino?

Esperemos que haya voluntad de cada uno de los gobiernos locales por sumarse al reto de lograr un México más igualitario y competitivo y que agotemos los pretextos luego del trabajo que se realice en el Congreso para garantizar, mediante la ley, que los programas sociales lleguen con efectividad a quienes más lo necesitan sin condiciones ni sesgos partidistas.

Insisto: esfuerzos no son resultados y eso nos compromete a todos.