Estandarizando delincuentes

Desde que el Ministro Presidente de la SCJN se pronunció a favor de la creación de un Código de Procedimientos Penales Único (CPPU) y un Código Penal Único (CPU), muchos, mágicamente se han dado cuenta de las virtudes de dicha iniciativa; otros, a los que respeto, se han pronunciado a favor desde hace tiempo.

Desgraciadamente, yo no estoy muy convencida de que ésta sea la solución al gran problema de seguridad que tenemos en México, ni que estandarice los patrones de criminalidad que hay en el país, mucho menos de que funcione.

Sin embargo, de lo que sí estoy segura es de que el Congreso no tiene aún la facultad de legislar en esta materia pues tiene atravesado un pequeño problemita llamado federalismo.

Pero ¿de qué se trata este alboroto? El compromiso 78 del Pacto por México ha marcado como una prioridad para el país la creación de un Código Penal y el compromiso 79, la creación de un Código de Procedimental Único.

En términos prácticos, esto significa dos cosas: que el procedimiento penal actual (nuevo o viejo) en los estados se modificará y será uno en todo el país, pero también lo serán los delitos y sus penas.

En el tema del código adjetivo, no habría mayor problema, esto representa una gran ayuda para implementar el nuevo sistema de justica penal acusatorio que está pendiente en este país y vence en 2016.

Es decir, el CPPU determinaría, el cómo y cuándo se haría un juicio y hasta le pondría el mismo nombre a los jueces en los estados.

Esto le daría al Gobierno Federal la facilidad de meterse en todos los estados que no han hecho reformas para el nuevo sistema de Justicia acusatorio y adversarial y hacerlo de un plumazo (o de un Codigazo).

Aunque el Congreso Federal aún no tiene las atribuciones Constitucionales para hacerlo, el Senado ha propuesto modificaciones al artículo 73, con la intención de establecer la facultad del Congreso para expedir la Ley Procedimental Penal Única, no en lo que se refiere al Código Penal es decir en la sustancia, si esto es un error, no lo sé.

Este Código es precisamente el problema. El CPU, significa la estandarización de la política criminal de este país. En términos muy básicos quiere decir que tendríamos un solo listado de delitos y penas para todo el país y tendríamos que ponernos de acuerdo en cuales son éstos; por decir lo menos, sin conocer la realidad de cada estado y su comportamiento criminal, y mas allá de resolver sobre asuntos morales y hasta éticos, en los que en los propios estados no han podido coincidir.

Un ejemplo claro es la interrupción del embarazo, cómo llegar a poner de acuerdo a Chihuahua y al Distrito Federal sobre si la decisión libre de una mujer de interrumpir un embarazo, es en realidad una decisión libre o un delito que debe ser castigado con cárcel.

Es cierto, que existe una infinidad de argumentos que este espacio no me da para controvertir a favor del CPU. Sin embargo, existe en contra uno muy grande que puede contrarrestar todos los anteriores, "La Realidad".

Yo lo resumiría de la siguiente manera, ¿es verdad que en este país de 1,964,375 kilómetros cuadrados, donde existen 65 grupos étnicos, 32 Entidades Federativas, 2440 municipios, 16 delegaciones y 112 millones 336 mil 538 Mexicanos, 7 partidos políticos y una infinidad de diferencias, el comportamiento criminal es el mismo?
¿Ayudaríamos centralizando y decidiendo en un escritorio un grupo de iluminados del Pacto por México qué es lo que constituye un delito y qué no, y cuáles deben de ser las penas en Tijuana así como en Chetumal? Mi experiencia trabajando en la estructuración de la reforma Penal de Chihuahua y las subsecuentes reformas que ha sufrido es que no, y que deberíamos apostarle a lo que ya muchos académicos han propuesto, bases generales para códigos sustantivos que recojan la realidad nacional y un solo código adjetivo.

En el tema del federalismo y la realidad política de los estados, habría poco que argumentar. Es cierto que esto cambia el pacto federal y le quita atribuciones a los estados que tienen desde 1824.

Sin embargo, pareciera que ningún gobernador le va a chistar al Presidente, como ninguno chistó con el tema de la deuda de estados y municipios.

Pareciera que los tiempos de los gobernadores con poder se acabó, lo cual es una pena si me preguntan a mi, pues representaban éstos, a través de la CONAGO, un verdadero equilibrio en la política presidencialista de este país, hoy, pareciera que son solo reuniones de amigos para eventualmente saludar al Presidente.