Leonardo Curzio

Los nudos del Pacto

La agenda de reformas impulsada por el pacto ha dado jugosos frutos al gobierno de Enrique Peña Nieto. Como es natural, el impulso transformador genera protagonismos insatisfechos entre legisladores y otros integrantes de la clase política que tienden a sentirse eclipsados por la dinámica pactista.

Es normal, en consecuencia, que en las dos cámaras nazcan iniciativas que den reflectores a sus padrinos. No deja de enternecerme que muchos de ellos busquen minimizar el pacto para mostrarse como reformistas de gran calado, en vez de apostar porque el mecanismo de concertación establecido por el gobierno y las cúpulas partidistas funcione mejor.

Sin embargo, el pacto y todo su impulso reformista tiene tres desafíos muy superiores en entidad y profundidad y son: la desaceleración de la economía, la incapacidad gubernativa de transformar el país y la resistencia social que puede derivarse de una serie de reformas que toquen muchos intereses, menos los privilegios políticos.

Me explico.
El entorno económico no pinta bien por factores externos (por ejemplo, la profundización de la crisis europea) y por factores internos.

Muchos sectores se quejan de la lentitud en el ejercicio del gasto público y muchos otros esperan, con ansia, el anuncio del paquete de infraestructura que sea potente dinamizador de la economía interna.

No es un secreto que la expectativa más importante que ha generado el gobierno entre la población es mejorar su nivel de vida y para ello hace falta inversión y crecimiento.

Los números disponibles no permiten echar las campanas al vuelo.
El segundo elemento tiene que ver con las extremidades del gobierno. Es evidente que el presidente Peña y su equipo más cercano tienen una idea clara de la agenda de reformas, como lo han demostrado con la financiera, la de telecomunicaciones y la educativa, pero todas ellas están todavía muy lejos de cambiar la vida del ciudadano.

El crédito político obtenido por las reformas tiene un plazo breve de expiración. Las sociedades tardan en notar los beneficios (como sucede con la reforma laboral aprobada en el último tramo de la administración Calderón que sigue siendo imperceptible en los mercados laborables) y el entusiasmo inicial se diluye en una práctica cotidiana inalterable.

No se les puede sacar más jugo político a los productos del pacto si la gente no nota que las cosas cambian y eso depende mucho de las capacidades de gestión del gobierno que hasta ahora no han demostrado (como era de esperarse) una vertiginosa capacidad de transformarse.

El frente más complicado seguirá siendo el de la seguridad pública en donde el gobierno será cada vez más exigido.
Finalmente debemos considerar que la impresionante maniobra para hacer acompañar las reformas por los sectores regulados tiene un límite.

Se puede comprender que sectores como el minero o el de telecomunicaciones acepten nuevas regulaciones que le restan privilegios, pero esta actitud comprensiva y cooperativa tampoco es eterna.

Es muy probable que si viene un apretón fuerte en la reforma fiscal (que es lo natural si efectivamente quieren recaudar más) estos mismos sectores respinguen y se pregunten (como lo sugería María Amparo Casar): ¿cuándo vienen las reformas que trasquilan los privilegios de los políticos? El gobierno puede exigir más sacrificios a los poderosos, pero debe al mismo tiempo ganar la autoridad moral para hacerlo y esa sólo se consigue ganando credibilidad en el manejo austero de los recursos públicos.

El poder político se ha cuidado mucho de recortarse privilegios y eso genera encono y suspicacia.
Si quieren ampliar la vida útil del pacto tendrán que aflojar estos nudos para descongestionar el proceso de reformas y darle así un mayor y más largo aliento.