Jesús Reyes Heroles G.G.

Atrapados en la informalidad

El desempeño de la economía mexicana durante el primer trimestre cayó como balde de agua helada. Si bien los analistas apuntaban una desaceleración del crecimiento y del empleo, los resultados fueron mucho peores.

El PIB aumentó sólo 0.8% a tasa anual, el ritmo más bajo desde el cuarto trimestre de 2009 (cuando fue -0.9%). Por ende, la generación de empleo formal fue inusitadamente insuficiente: los asegurados permanentes y temporales en el IMSS durante este primer trimestre disminuyeron en 126 mil respecto al mismo periodo del año anterior.

Un mayor déficit de empleo formal obliga a quienes buscan trabajo a incorporarse en lo que se denomina actividad económica informal.
Sin duda el subejercicio presupuestal, la crisis en el sector vivienda y el cambio de gobierno contribuyeron a ese desastre.

Sin embargo, el “déficit de empleo” del país se ha venido acumulando de manera prácticamente ininterrumpida desde hace 30 años; esto es, el número de empleos formales generados ha sido inferior al número de mexicanos que buscaron empleo.

De éstos, algunos emigraron, sobre todo a EU, mientras que otros engrosaron las filas de la informalidad.
El empleo informal puede definirse de dos maneras.

Primera: por los componentes; esto es, considerar a quienes no están afiliados a algún sistema de seguridad social (IMSS, ISSSTE, estatales y municipales, de las Fuerzas Armadas, y de algunas otras organizaciones como Pemex).

Segunda: de manera conceptual y desde la perspectiva de quien se ubica en la informalidad, ésta consiste en el “conjunto de actividades económicas realizadas por individuos que […] no pueden invocar en su favor el marco legal o institucional que corresponda [...] Incluye la ocupación en el sector informal y otras actividades tradicionales (trabajo por cuenta propia en agricultura de subsistencia y trabajo no remunerado), así como modalidades de empleo sin protección de la seguridad social, cuyos servicios son utilizados por unidades económicas distintas a las del sector informal” (definición de INEGI, México: nuevas estadísticas de informalidad).

Hoy la informalidad ocupa 60% de los mexicanos que desean trabajar. En el tercer trimestre de 2012 la población económicamente activa (PEA) ascendió a 48.7 millones.

El reciente y revelador estudio del INEGI señala que, de esa población, 29.3 millones pueden considerarse informales. De éstos, 6.2 millones se ubican en el sector agropecuario; 6.8 en empresas, instancias gubernamentales u otras instituciones; 2.1 en el trabajo doméstico remunerado; y 14.2 en unidades económicas informales, esto es, que tienen las características del hogar, donde sus gastos de producción son indistinguibles del gasto del hogar, los activos son de los dueños —no de una empresa— y los bienes de capital son utilizados indistintamente para el negocio o el hogar (Roberto Negrete, 2011).

En la doceava economía del mundo, 60% de su fuerza laboral está en la informalidad. Las causas son bien conocidas: una inversión insuficiente y un deterioro de la productividad, que redundan en bajo crecimiento económico y generan ese déficit de empleo formal; un Estado de derecho permanentemente vulnerado, tanto por los ciudadanos como por autoridades cómplices; un alto costo del empleo formal, ya que al salario se le suma alrededor de 24% por cuotas patronales al IMSS, 5% por cuotas patronales al Infonavit, 2.5% de impuesto sobre la nómina (DF), y 2% al fondo de ahorro para el retiro.

Más de tres décadas de informalidad en aumento han generado un ejército de casi 30 millones de informales en México; algunos de esos hombres y mujeres acaban en argamasa con el crimen organizado.

Además, intereses políticos clientelares han creado organizaciones complejas que se dedican a “administrar” y promover esa informalidad, obteniendo montos muy cuantiosos para sostener sus actividades, alimentar su enriquecimiento personal, y nutrir dichas clientelas.

El aumento de la informalidad ya no es coyuntural sino estructural, complica la gobernabilidad y confirma que el futuro de México depende crítica y esencialmente de reformas que aumenten la inversión, la productividad, el crecimiento y el empleo formal.

Los resultados del primer trimestre reafirman la necesidad de acelerar las reformas.