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La incautación de 88.5 millones de pesos en Tabasco no es un hecho aislado de las irregularidades en el manejo de recursos públicos en las entidades federativas.
El caso Ponce en el Distrito Federal, la corrupción en la contratación de deuda pública en Coahuila y el presunto peculado del ex gobernador de Aguascalientes, por nombrar algunos casos, ilustran las debilidades institucionales que presentan las entidades federativas para prevenir este tipo de ilícitos.
¿Qué medidas pueden ayudar a prevenir estos actos? La respuesta a estas interrogante es compleja y no definitiva. Aquí identifico algunos huecos en el proceso de rendición de cuentas de las entidades federativas que contribuyen a que el costo de cometer un delito sea tan bajo que la frecuencia de estos actos se haya convertido en parte de nuestra cotidianidad.
De manera general, es posible argumentar que estos abusos se deben en gran medida a la falta de eficacia y capacidades de instituciones que controlen, supervisen, vigilen, evalúen y sancionen las actividades de los servidores públicos.
En términos del control interno que deben ejercer los gobernadores sobre sus subordinados, el estudio de Ríos Cázares y Cejudo (UNAM-CIDE 2010) revela que buena parte de las contralorías estatales, aquellas oficinas pertenecientes al poder Ejecutivo estatal encargadas principalmente de vigilar el uso eficiente de los recursos públicos, presenta deficiencias institucionales.
Entre las más importantes están los bajos niveles de autonomía de gestión. Esta debilidad implica que muchos titulares de las contralorías estatales no pueden decidir libremente la organización administrativa de sus agencias ni sus planes de trabajo.
En algunos estados como Colima y Sinaloa, según el estudio referido, los gobernadores aprueban la organización administrativa de las contralorías.
Este tipo de intervención puede reducir la capacidad de los contralores para detectar y sancionar anomalías en las finanzas públicas estatales.
Por otra parte, las auditorías de fiscalización estatales, órganos técnicos de los congresos locales encargados de fiscalizar las cuentas públicas de las entidades, también presentan problemas de autonomía de gestión, falta de recursos y de capacitación de su personal.
Por ejemplo, el estudio reciente del IMCO y el CUCEA demuestra que únicamente la mitad de las auditorías estatales ha implementado un servicio civil de carrera.
La falta de profesionalismo existente en el personal de dichas entidades produce rotación continua y vulnerabilidad a intervenciones de agentes externos al llevar cabo la revisión de las finanzas estatales.
Para disminuir las probabilidades de desvíos y malversación de fondos es necesario modificar los ordenamientos legales estatales, para así garantizar la independencia tanto de funcionarios públicos de las contralorías como de las auditorías estatales.
Asimismo, se necesita establecer disposiciones que doten de recursos suficientes a estas instituciones para llevar a cabo sus funciones, incluida la del establecimiento de sanciones.
Una última medida consiste en implementar mecanismos de coordinación y cooperación entre estas dependencias para evitar la duplicación de esfuerzos y una mejor articulación de los procesos de la rendición de cuentas.
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