Ernesto López Portillo

Drogas, ideología y Peña Nieto

“En lo personal, y lo he expresado públicamente, nunca he estado a favor de la despenalización del consumo de drogas ni de la legalización de las mismas”, afirmó el presidente Peña Nieto el pasado 23 de Mayo en Colombia, según publicó EL UNIVERSAL.

La frase tiene implicaciones terribles y, desafortunadamente, no me sorprende.
Nuevo sexenio, viejas ideas. Expresadas, además, sólo dos días después de la publicación del informe “Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas”, presentado por la Comisión Asesora para la política de Drogas de aquel país sudamericano.

El presidente mexicano mira al pasado mientras el colombiano se hace de argumentos para dar un salto hacia el futuro. Toda persona auténticamente interesada en el fenómeno de las drogas debe leer ese extraordinario texto.

La comisión incluye una pléyade de expertos y dos “invitados especiales”: César Gaviria y Óscar Naranjo, visiones política y policial, respectivamente; fue convocada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Concluye y recomienda la comisión (los subrayados son míos): 1) la política frente al consumo de drogas debe ser enfocada como un asunto de salud pública y respetuosa de los derechos humanos; 2) las acciones de política frente al consumo deberán orientarse por las evidencias más sólidas posibles, “alejándose de posturas ideológicas preconcebidas que carezcan de sustento empírico”; 3) es un tema de salud pública que requiere acciones regulatorias del consumo y herramientas para la prevención de las dependencias y de los consumos problemáticos, así como la atención, tratamiento y reducción de daños.

“No debe recurrirse a sanciones penales para los consumidores, pues la criminalización de los usuarios de drogas no sólo no ha mostrado beneficios de salud pública sino que, por el contrario, ha tenido efectos contraproducentes, al marginar a los consumidores y agravar sus problemas de salud”; 4) las políticas para enfrentar el consumo deben proteger valores como la salud y los derechos humanos.

Otros fines y valores como la seguridad ciudadana se deben reservar al otro espectro de políticas y acciones que buscan contrarrestar la producción, el tráfico y la distribución de sustancias ilícitas; 5) el marco normativo internacional y constitucional muestra que las autoridades pueden y deben adoptar políticas públicas orientadas por criterios de salud pública y respeto a los derechos humanos; 6) los enfoques puramente punitivos son incompatibles con tales derechos y por ello son normativamente inaceptables; 7) los estudios empíricos muestran que “no todo consumo de drogas deriva en uso problemático o en dependencia”; políticas e intervenciones deben diferenciar los patrones de uso y de necesidades; 8) la prevención del consumo debe ser una de las principales prioridades, especialmente en menores de edad; 9) las políticas preventivas deben tener como soporte los avances de la investigación en este campo, y 10) el Estado debe asegurar la calidad de los tratamientos y de las entidades que los ofrecen, públicas o privadas.

Estoy seguro de que entre quienes votaron por Peña Nieto, muchos lo hicieron con la esperanza de recuperar la paz. La llamada guerra contra las drogas es motivo principal de haberla perdido.

La declaración referida nos regresa al inicio del sexenio de Calderón. El anterior y el actual presidente se igualan en la negativa de la regulación del uso de drogas, ambos soportados, a mi parecer, en esas ideologías preconcebidas y sin soporte empírico que el informe de Colombia llama a desterrar.

Y ambos, seguramente, presionados por compromisos con Estados Unidos, desde donde el vicepresidente Biden refrendó hace unos días la misma negativa.

Colombia y otros países latinoamericanos están cimentando el nuevo consenso hemisférico en materia de drogas. México parece que verá la obra desde lejos, una vez más, ahogado en su propia violencia y contando muertos. Nadie votó por esto.