Ana María Salazar
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Después de leer el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, la única conclusión a la que llego es que hay que regresar el Ejército inmediatamente a los cuarteles.
No estoy haciendo un argumento en contra de la participación de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.
El texto que se plasma en el PND más que clarificar el papel del Ejercito y de la Armada, confunde y cuestiona cualquier papel que puedan jugar en la “nueva” estrategia de Enrique Peña Nieto.
La interpretación “política” de este tema en el PND es que la función primordial del Ejército y de la Armada es la defensa del país de amenazas externas.
Esto es un cambio importante en el paradigma de seguridad nacional del país.
Hay que señalar que en la mayoría de las grandes democracias, la función de las fuerzas armadas es defender al país de las amenazas externas, y son las policías civiles los que tienen la responsabilidad de la seguridad interior.
La pregunta es ¿los redactores del plan estaban conscientes de este cambio de paradigma en la seguridad nacional del país?
La acción de coadyuvar, mencionada en el PND, se antoja difícil, sobre todo en un país donde las instituciones civiles no tienen la capacidad ni institucional ni los recursos para enfrentar al crimen organizado que tiene sitiado estados como Michoacán, Tamaulipas, y Guerrero.
En los hechos, “coadyuvar” implica que operacionalmente el Ejército y la Marina se sometan a la estrategia de la Policía Federal.
Finalmente, lo más grave del texto es que reconoce, abiertamente, que los parámetros jurídicos no le proporcionan la protección legal “para atender la realidad operativa.” O sea, que lo que las actividades que han ejercido el Ejército y la Marina hasta ahora son ilegales.
Y no se vislumbra que haya alguna intención de legislar al respecto.
Cuatro resoluciones de la CIDH en los últimos tres años y una decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta semana han establecido claramente la obligación de México de dejar de utilizar el fuero militar para investigar y procesar delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas.
Si no existe apoyo jurídico ni político, ¿para qué seguir arriesgar a los soldados y marinos que por cumplir órdenes y arriesgar su integridad física violan la ley?
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