Un pueblo armado

Muchas personas se encuentran preocupadas de ver que el pueblo de México está armado, pero esto no es novedad. El propio presidente Cárdenas creó milicias campesinas.

Desde la Revolución y el cardenismo, el México rural era y es una nación armada.

Tan cerca como 1995, en Guerrero, se creó la CRAC —Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias—, que cuenta con un sistema de seguridad y justicia con cientos de guardianes del orden.

La novedad es ver que esas comunidades armadas estén haciéndose presentes de forma pública y aguerrida.

Su principal reivindicación es vivir en paz, defenderse de bandas y grupos criminales que los violentan y extorsionan. Es así como el México urbano está conociendo a las policías comunitarias.

Pero estas policías también tienen su expresión urbana: la policía de barrio, una modalidad recomendada por expertos en seguridad, ya que se conforma por elementos que viven en una zona urbana específica, que son conocidos por los vecinos, que tienen sus familias en esos lugares y que, por lo mismo, su servicio es más transparente, legítimo y eficaz, que el de cualquier otra policía.

Los policías comunitarios no se cubren la cara, en su mayoría portan armas registradas ante Sedena o permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Sus integrantes son electos por la comunidad, están cumpliendo un mandato colectivo y aunque no necesariamente están regulados legalmente, tienen, al menos, legitimidad social.

El problema con la movilización pública de las policías comunitarias es que esta organización social, rural, en esencia indígena, arraigada en usos y costumbres de muchos pueblos, ha sido emulada por otros grupos de autodefensa que no necesariamente representan el legítimo deseo de defensa popular.

Muchos grupos de autodefensa están encapuchados, portan armas no registradas, no han sido electos por comunidad alguna y aunque algunos tienen el interés de cuidar a sus pueblos de la violencia ajena, otros pueden ser penetrados por grupos criminales que se amparan ante una necesidad social de seguridad para actuar fuera de la ley.

El delicado análisis y solución a este tema, por parte de las secretarías de Gobernación y Defensa Nacional, tiene que considerar, en aras de la justicia, el origen de cada grupo, para que las auténticas policías comunitarias puedan participar, como lo ofreció el mismo secretario Miguel Ángel Osorio Chong “bajo las normas del Estado mexicano”.

A nadie escandaliza que en la calle de una colonia urbanizada se ponga una caseta y una pluma por parte de los vecinos, se contrate a un policía armado y se exija identificarse a cualquier persona que desee transitar al interior de esa zona.

Casi en su totalidad, esas casetas, plumas, policías y procedimientos no están amparados en la ley, violan el libre tránsito, las garantías individuales y muchas veces la Ley Federal de Armas de Fuego.

Sin embargo, ciudadanos y autoridades “se hacen de la vista gorda” porque saben que esos vecinos se organizaron en defensa propia, para buscar seguridad con un mecanismo privado, porque no sienten que el servicio público es eficaz.

¿Por qué entonces, no buscar con tolerancia y generosidad que las poblaciones rurales hagan lo propio, de manera ordenada y regulada?

Transitar en la frontera entre policías comunitarios legítimos y grupos de autodefensa criminales va a ser la delicada tarea del gobierno federal para actuar con justicia, con firmeza y con creatividad, en la búsqueda de mecanismos que permitan la actuación, cobertura legal, entrenamiento, equipamiento y evaluación de las policías comunitarias.