0
Votos
Nota Aburrida
Nota Interesante
¿Se transforma el monstruo de la inseguridad?

domingo, 2 de junio de 2013
Comparte esto en Facebook
Comparte esto en Twitter
Comparte esto en Digg
Enlarge Font
Decrease Font

Hace poco más de cinco meses Enrique Peña Nieto tomó las riendas del gobierno federal, en un contexto marcado por la violencia y la inseguridad.

Desde su candidatura, el Presidente dio muestras de lo que sería su estrategia para resolver los problemas de inseguridad y frenar la preocupante escalada de violencia en diversas regiones del país.

Las primeras luces de esta nueva estrategia se dejaron ver en su plataforma electoral y en los acuerdos asumidos por el gobierno federal y las principales fuerzas políticas en el Pacto México, y que se pueden resumir en los siguientes: 1) mayor y mejor coordinación institucional entre los tres órdenes de gobierno, 2) concentrar la coordinación y operación de los cuerpos de seguridad pública bajo el mando del Secretario de Gobernación; 3) crear la Gendarmería Nacional para iniciar el repliegue paulatino de las fuerzas armadas a sus cuarteles, y 4) dar seguimiento puntual a las acciones y reformas pendientes en temas de seguridad y justicia.

Luego vino la promulgación de la Ley General de Víctimas; el lanzamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; la iniciativa de reestructuración de la Procuraduría General de la República, entre otras acciones ampliamente difundidas a la opinión pública.

En días recientes se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, concebido como el documento que "traza los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos" en cada uno de sus cinco ejes.

Sin embargo, no es necesario ser un experto en estrategias de comunicación, para reconocer que la política de comunicación seguida por el nuevo gobierno federal se ha enfocado a cambiar el tono del discurso y reducir el perfil mediático de los temas de seguridad y justicia, dando prioridad al tratamiento de la agenda política y económica.

Ante este contexto, se pueden asumir varias posturas, yo mantendré la mía: apoyar a las autoridades en todas las acciones que deriven en construir un país más seguro y en paz, pero también insistiré en denunciar las acciones gubernamentales que obstaculicen lograr este fin.

En este sentido, considero que hoy persisten en el país varias señales de preocupación que, de no ser atendidas, minarán todas las posibilidades de poder cumplir los objetivos delineados en la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal.

El crimen organizado sigue diversificando sus actividades delictivas y ampliando su red de corrupción e impunidad, sin que hasta el momento se haya conseguido dinamitar la infraestructura económica que les permite financiar y potenciar sus actividades.

A los ingredientes que generan un "cóctel" de inseguridad y violencia, ahora se deben sumar los grupos de autodefensa y las denominadas policías comunitarias.

Ambos grupos "armados" ponen en entredicho la eficiencia y la legitimidad del monopolio del Estado en el uso de la fuerza, aunque hay una gran diferencia entre ellos.

Las policías comunitarias tienen una raíz histórica fundada en los usos y costumbres, que hace difícil pensar que evolucionarán a otro tipo de organización armada; mientras que los grupos de autodefensa, aun cuando surgen como respuesta natural de la ciudadanía al control territorial que tiene el crimen organizado en muchas regiones del país, sí tienen los ingredientes para convertirse en los brazos "sociales" del crimen organizado o en plataformas de reclutamiento y reacción de movimientos sociales radicales o grupos guerrilleros, tal y como sucedió en Colombia.

¿Cómo distinguiremos los ciudadanos quiénes son los grupos de autodefensa de carácter auténtico o quiénes responden a intereses perversos? ¿Cómo interpretar la participación de maestros de la CNTE en el secuestro de los sobrinos de un empresario? ¿Cómo se puede respaldar a las autoridades que permiten la comercialización de productos y bienes sustraídos de manera ilegal por los maestros "disidentes" o por el crimen organizado? ¿Cómo justificar el "arraigo" aplicado por los grupos de autodefensa a personas de su comunidad por estar presuntamente vinculadas al narcotráfico?

Si no podemos dar respuesta a estas interrogantes es que aún tendremos que lidiar con el monstruo de la inseguridad por algún tiempo.

Esto obligará a quienes estamos en la trinchera de la sociedad civil a redoblar esfuerzos y participar más activamente en la esfera pública, si tomamos en cuenta que, por una parte, en este momento los medios de comunicación tienen en su agenda otras prioridades temáticas y, por otro lado, en este proceso de transición gubernamental las autoridades no han podido sistematizar y difundir información confiable, objetiva y actualizada sobre índices delictivos e indicadores de seguridad.

Frente a ello, las autoridades deberían aprovechar la plataforma ciudadana construida en los últimos años para poder fortalecer y evaluar las políticas públicas en materia de seguridad y justicia.

Asimismo, con el apoyo de la ciudadanía y de las redes sociales, el gobierno tendría muchos más insumos para poder mantener actualizadas las cifras de carácter oficial.

Confío en que las próximas semanas, el gobierno federal cumplirá su compromiso de difundir información confiable, transparente, periódica y oportuna para que las organizaciones sociales podamos evaluar y analizar con mayor objetividad el estado que guarda la seguridad en México.

 

Opina sobre este artículo

Nombre   Email  
Título
Opinion

Perfil del Autor

Alejandro Martí

Otras Noticias