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Autoridades federales confirmaron a EL UNIVERSAL que el Ministerio Público de la Federación presentó este miércoles la demanda, que quedó radicada en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, que tendrá que analizar si admite el recurso, y si después de revisar los activos y pasivos de la empresa existen elementos para decretar la insolvencia de Oceanografía.
Sobre las implicaciones de esta medida, Eduardo Sodi Carmona, ex director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en entrevista explicó que los concursos mercantiles, “tienen como principal objetivo que los acreedores y la empresa logren un acuerdo para que la compañía pueda cumplir con sus obligaciones, ante una situación de adeudo”.
Destacó que con este paso, sin duda, la autoridad “busca garantizar la continuidad de la empresa y las fuentes de trabajo que de ella dependen”, que en el caso de Oceanografía —ex proveedora de Petróleos Mexicanos—, se traduce en más de 11 mil empleos que la PGR busca no afectar, así como las actividades de la propia compañía, por las pérdidas económicas que pudiera representar incluso para Pemex.
En febrero pasado, la PGR inició la investigación por el fraude millonario cometido por Oceanografía, que utilizó documentos apócrifos para obtener créditos de Banamex durante 2013 —filial mexicana de Citigroup.
Para estas operaciones falsificó estimaciones, que son las cuentas que se le presentan a Pemex para que la paraestatal las apruebe por los servicios recibidos, y con base en esos documentos el banco prestó dinero a la empresa; sin embargo, al revisar las cuentas se determinó que eran falsas.
Se intervino legalmente a Oceanografía, para garantizar su operación, por lo que la empresa quedó a cargo del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
En el artículo noveno de la Ley de Concursos Mercantiles indica: “Será declarado en concurso mercantil, el comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones” y se entenderá que no puede cumplir cuando “el Ministerio Público hubiese demandado la declaración de concurso mercantil del comerciante”.
EL UNIVERSAL