Jorge Alberto Pérez González
El 2 de diciembre de 2013 la página 1DMX.org fue suspendida por el servidor donde se hospedaba, ubicado en Estados Unidos.
El portal divulgaba hasta esa fecha testimonios e información sobre la violencia que ocurrió un año antes, el 1 de diciembre de 2012 cuando el presidente Peña Nieto asumió el gobierno del país.
La organización que la sostiene transmitía en la página entrevistas, imágenes y videos de personas que acusaron a autoridades federales y locales de la violencia.
La Red por la Defensa de los Derechos Digitales acusó a la Comisión Nacional de Seguridad de solicitar la suspensión de su página.
El gobierno de México negó haber participado en estos hechos.
Aunque el portal 1DMX se reactivó meses después, el caso demuestra el riesgo de censura que existe con la eventual legislación en telecomunicaciones.
Se escuchan voces que dicen que: "De eso se quejaron algunos industriales al decir que los quieren poner como policías", pues señalan que: "Quieren que los proveedores de internet o de banda ancha asuman ese papel pero ellos dicen que no tienen por qué hacerlo, ellos nada más dan el servicio".
El artículo 197 del texto original establece, por ejemplo, la obligación de los proveedores del servicio a "bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes".
La propuesta no define cuáles son los hechos y sitios considerados como de riesgo, ni tampoco establece quién es la autoridad que puede solicitar el bloqueo de la señal de internet.
La guerra en las redes sociales sin duda será dura, y todos seremos testigos de ella.
Pero pasemos a cosas más cercanas, de esas que nos interesan más, mucho más, pues los vecinos del otro lado, andan muy interesados en cierto funcionario público de Matamoros que al parecer tiene deudas con la justicia del Tío Sam.
Por más que mi corresponsal se esfuerza por conseguir un documentos donde se consigne el nombre del desafortunado, esto no se ha podido lograr, pues por allá dicen que la revelación podría entorpecer las investigaciones.
Lo que sí sabemos es que la investigación tiene que ver con un fraude al departamento del Transporte de Texas, pues el angelito que buscan armó una estrategia para la compra masiva de inspecciones mecánicas de vehículos en varias ciudades del Estado.
La oficina más interesada en el tema es la del Procurador del Estado de Texas, pues la acción fuera de la ley incluyó a funcionarios de Houston, San Antonio, Dallas y varias ciudades más.
Toda la investigación inició en la oficina de exportación de los Customs, pero ha sido continuada, además por el ICE CBP, se espera que muy pronto se liberen las ordenes de aprehensión, pues ya LE PISAN LOS TALONES.
www.optimusinformativo.com optimusinformativo@gmail.com