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Esa institución bancaria a la cual la empresa Oceanografía, propiedad del empresario Amado Yáñez Osuna, presuntamente defraudó por más de 500 millones de dólares, por lo que es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR).
En breve entrevista, luego de participar en un foro sobre Mecanismos Alternativos de Soluciones de Controversias en Materia Penal, en el Senado, la funcionaria señaló que la investigación en el caso de defraudación fiscal no se ha cerrado.
Explicó que la orden de aprehensión en contra Díaz Álvarez es válida y vigente, sólo que no la han podido ejecutar.
Destacó que en la indagatoria la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha coadyuvado en las investigaciones que lleva la PGR por los delitos de defraudación fiscal y de documentos.
Sobre la crisis humanitaria generada por la situación de los niños migrantes no acompañados, dijo que la PGR coadyuva en las investigaciones con las autoridades estatales, pero también con los países involucrados de Centroamérica y Estados Unidos.
“Lo que se busca es una coordinación regional, ya se ha platicado, ya se ha tenido un acercamiento, y en el futuro estaremos pendientes de formalizar algo, pero la comunicación ha sido muy fluida”, dijo la subprocuradora.
En su participación en el foro, pidió a los legisladores no excluir a las sedes judiciales de la ley de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.
Explicó que el hecho de no excluirlos no significa que las entidades federativas puedan optar por esa opción.
EL UNIVERSAL