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Daño de manglar en Holbox, menor al que dice Profepa: PGR

El resultado del peritaje de PGR arrojó que se dañaron 573 metros cuadrados de Palma Chit, con escasas unidades de manglar.
martes, 29 de julio de 2014
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CANCÚN, QR., julio 28 (EL UNIVERSAL).-

La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Quintana Roo, encontró una abismal diferencia entre la superficie de vegetación de manglar y palma chit afectada en Holbox y la registrada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el acta que dio pie a la averiguación previa iniciada en contra de los 16 probables responsables de cometer un delito ambiental, tipificado como grave.
El peritaje fue realizado el 25 de julio pasado por un perito biólogo, una perito en criminalística y un agente del Ministerio Público federal, todos de la PGR, en la poligonal en donde inspectores de la Profepa, apoyados por elementos de la Secretaría de Marina efectuaron un operativo un día antes.
El resultado del peritaje de PGR arrojó que se dañaron 573 metros cuadrados de Palma Chit, con escasas unidades de manglar.

La cifra contrasta con los siete mil 770 metros cuadrados de manglar y palma chit dañados, que los inspectores de Profepa, asentaron en su acta de inspección, que dio pie a la acusación en contra de tres topógrafos y 13 campesinos, a quienes acusan de daño ambiental.
Además de haber una diferencia de siete mil 197 metros cuadrados, entre los 573 metros cuadrados referidos por la PGR y los siete mil 770 metros cuadrados de la Profepa, esta última cantidad también contrasta con la superficie afectada que refirió -de forma preliminar- la propia Procuraduría Ambiental, el sábado pasado, cuando dijo que un 40 por ciento de una poligonal de 2.54 hectáreas (una hectárea), había sido afectada por la apertura de brechas.
El abogado defensor de los 16 detenidos, Alejandro Aguirre Buenfil, indicó que este tipo de diferencias es notablemente "absurda", lo mismo que acusarlos de proceder al cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sin autorización, cuando el predio se ubica en la zona conurbada, datos que servirán de argumento para solicitar al juez de Distrito que ve el caso, al auto de libertad por falta de elementos.
La diligencia para que los 16 rindieran su declaración inició a las 19 horas del domingo y concluyó a las siete horas de este lunes.
De acuerdo con la declaración de los detenidos, eran las nueve horas del 24 de julio cuando se reunieron en el lugar de los hechos, para iniciar con la limpia de brechas que alguien más abrió, días o semanas atrás.
Los peritos, de la "Brigada de Topografía de Mérida", contratados por un hombre identificado como Benigno Correa, estaban por iniciar con el levantamiento de las medidas de las brechas para identificar los lotes.
Algunos de ellos estaban sentados y otros parados, cuando un joven universitario llegó a bordo de una moto, enviado por su mamá para preguntar si ahí podían darle razón sobre terrenos que repartiría el ejido, ya que ellos rentan casa en la isla chica de Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas.
El muchacho iba llegando cuando se presentaron los inspectores de la Profepa, acompañados de los marines, quienes apuntándoles con metralletas, les ordenaron "¡alto!", los acomodaron en una fila y se los llevaron con las manos arriba o a la nuca.
Después de pasearlos en un camión, llegaron hasta el muelle, abordaron la lancha de la Semar y cruzaron hacia el poblado de Chiquilá.
Los detenidos refieren que los llevaron afuera de la localidad, que los escondieron en una escuela, retornaron a Chiquilá y nuevamente salieron a toda velocidad hacia Cancún, para ser puestos a disposición de la PGR.
"Hubo un abuso de autoridad; ni los inspectores, ni los marines se identificaron, ni informaron a estas personas las razones por las que estaban siendo detenidos; no los detuvieron en flagrancia, como dice Profepa; no contaron con dos testigos para acreditar que no se excedieron en sus funciones; los detenidos fueron incomunicados, les quitaron celulares; tampoco fueron asistidos legalmente.

Hay diversas violaciones a sus derechos humanos", expresó el abogado.
Entre los acusados hay cuatro indígenas mayas. Aguirre Buenfil tuvo que conseguir a un traductor, un profesor de la Universidad de Quintana Roo, llamado Mauricio Chí.
El litigante solicitó la ampliación del término a 144 horas, que vencen el viernes próximo a las 15 horas.

Será ese el momento en que el juez defina si dicta el auto de formal prisión por delitos castigados en el Código Penal Federal, de acuerdo con los artículos 418 y 420, por cambio de uso de suelo dentro de un área natural protegida y por daño a especies protegidas por la normatividad mexicana, o si los deja en libertad.

 

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