En comunicado, el ombudsman del contribuyente informó que también se aplicó una multa al secretario de Desarrollo y Bienestar Social de dicho municipio, Luis Alfredo Biasi, quien apoyó el evento para nacionalización a bajo costo mediante sus 10 comercializadoras.
La regularización de automóviles en Matamoros se puso en marcha el primero de agosto del presente año, con costos de 5 mil 300 a 9 mil 800 pesos para el modelo 2008, y esto a pesar de que la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en donde aseguró que dicha nacionalización estaba fuera de la ley.
La alcaldesa y el titular de Sedesol municipal, desoyeron a la Secretaría de Hacienda y promovieron amparos para poder legalizar vehículos "chocolate", empezando el primer conflicto con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que emitió primer un requerimiento de recomendación al municipio fronterizo.
Cabe destacar que Luis Biasi al inicio de la presente administración fue investigado por fuerzas federales luego de que le decomisaron un fuerte cargamento de piratería en una bodega de su propiedad.
Este 14 de agosto el ombudsman del contribuyente emitió un segundo requerimiento de información a dichos funcionarios municipales, para que en un término de 72 horas señalen en forma detallada, descriptiva y secuencial, en que forma está operando el programa, el marco jurídico en el que se sustenta éste y el nombre de las personas involucradas en los trámites respectivos, indicando sus tramos de responsabilidad.
Prodecon recordó que estas acciones revisten interés público, ya que está de por medio la seguridad jurídica de los contribuyentes que pretendan acogerse a un programa de legalización de vehículos del cual se ignora el esquema jurídico sobre el que funciona.
"Y, sobre todo, si el mismo se está llevando a cabo por autoridades competentes, lo que, en caso de no ser así, podría generar perjuicios graves para los pagadores de impuestos", detalla el comunicado.
La Procuraduría remitió una copia certificada a la Administración Local de Recaudación de Matamoros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que por su conducto se haga efectivo el cobro de las multas impuestas.
Prodecon manifestó su expectativa por la respuesta que formulen los funcionarios municipales, ya que sin duda, de nueva cuenta, existe la posibilidad de dar un paso importante, en colaboración institucional, en pro de los derechos de los contribuyentes.