Emiten recomendación por muerte de menor en Huehuetoca

HUEHUETOCA, Méx., agosto 16 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió una recomendación al gobierno de Huehuetoca por la muerte de un menor en noviembre del 2013, provocada presuntamente por dos policías municipales, uno de los cuales continúa prófugo.

La madrugada del 2 de noviembre del 2013 alrededor de 20 personas riñeron al término de un baile popular en el que participó “El Komander”, a lo que los policías municipales respondieron a con disparos contra los rijosos y causaron la muerte a un menor de edad, así como varias lesiones al tío de éste.

En respuesta, unos 200 pobladores quemaron el palacio municipal y destruyeron dos patrullas, que quedaron volcadas en una calle aledaña al edificio gubernamental.

La Codhem determinó, en la recomendación CODHEM/TLAL/613/2013, que los policías municipales no tenían el perfil para desempeñar su función y sugirió al gobierno local, del PAN, elaborar un protocolo policial para el control de multitudes y restablecimiento del orden público.

La defensoría social informó en un comunicado que "dos policías locales se enfrentaron en forma irreflexiva a la turba y ante una supuesta agresión directa a sus personas, repelieron el ataque detonando sus armas de fuego, hiriendo a un hombre y dando muerte a un menor de edad".

Las indagatorias de la Codhem determinaron que los policías municipales Uzziel Ramírez Vicente y Alfredo Reyna Méndez carecían del perfil profesional requerido para desempeñar su función.

Ello por "ser evidente el escaso manejo de conflictos, el abuso ante circunstancias de vulnerabilidad, la imposibilidad de prevenir el delito, la carencia de procedimientos que garanticen la seguridad pública y la falta de tácticas y técnicas de control de masas".

La Codhem mencionó que el citado protocolo debe tener como referencia obligatoria el Código de conducta y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego.

"La labor del policía constituye un servicio público indispensable, al ser la base de su actuación, la protección de derechos y libertades de la ciudadanía, del derecho a la vida, la libertad y seguridad de las personas, por lo que su conducta debe ser un modelo social a seguir, al ser garante del respeto incondicional de la dignidad humana", concluyó la defensoría.

EL UNIVERSAL