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Huicholes protestan en oficinas de Sedatu en Guadalajara

Al menos 600 integrantes de las tres comunidades que conforman el pueblo wixárika (huichol) llegaron a la capital de Jalisco para tomar las oficinas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario
miércoles, 20 de agosto de 2014
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GUADALAJARA, Jal., agosto 20 (EL UNIVERSAL).- Al menos 600 integrantes de las tres comunidades que conforman el pueblo wixárika (huichol) llegaron a la capital de Jalisco para tomar las oficinas de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y el Tribunal Agrario local, en protesta por la omisión del gobierno federal para ejecutar las sentencias definitivas que le restituyen más de 10 mil hectáreas a la comunidad Wauta (San Sebastián Teponahuaxtlán).

En los últimos años esta comunidad ha ganado todos los juicios para recuperar su territorio, invadido por mestizos de La Yesca, Nayarit.
Este conflicto agrario se agudiza por dos factores: el territorio en disputa se encuentra en un sitio en el que los estados de Nayarit y Jalisco tienen un diferendo limítrofe, y los actos de violencia en que han incurrido los invasores.

Ante el riesgo de un conflicto mayor, la comunidad indígena ubicada en el municipio e Mezquitic, Jalisco, solicitó a la administración federal pasada la intervención del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) de la antes Secretaría de la Reforma Agraria.

Durante tres años esta dependencia trabajó en una negociación para indemnizar a los invasores; sin embargo, con el cambio de administración, la Sedatu ha señalado que este conflicto ya no forma parte de su plan de trabajo.

Con este pretexto, el Tribunal Unitario Agrario de Distrito XVI determinó que para ejecutar la sentencia hay que esperar a que la Cosomer determine qué hacer.

Para los wixaritari esto es una evidente dilación de la justicia y por eso han decidido realizar esta movilización, una de las mayores en la historia de este pueblo fuera de su territorio.

En su momento, la Reforma Agraria calificó este conflicto como uno de los más alarmantes del país por la alta conflictividad social que representa, pues se preveía que al ejecutarse las sentencias agrarias se podría desatar una espiral de violencia.

 

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